Sociedad

Registran el Ayuntamiento malagueño de Casares por presuntos delitos urbanísticos

Ha sido detenido el exalcalde Juan Sánchez y actual concejal de Vivienda del municipio, de IU en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y la corrupción urbanística

Las autoridades han detenido a cuatro personas, entre ellas el exalcalde de la localidad y su mujer. Desde finales de 2010 los agentes investigan una presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística y han ordenado la entrada y registro de 14 inmuebles, entre ellos el ayuntamiento. Hay bloqueadas 165 cuentas bancarias, 233 inmuebles y 19 vehículos.

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El exalcalde del municipio malagueño de Casares Juan Sánchez (IU) y su esposa han sido detenidos este lunes en el marco de una operación en la que se investigan posibles delitos urbanísticos y, a raíz de la que se han practicado registros en el domicilio del exregidor y en el Ayuntamiento de esta localidad además de en otros inmuebles.

La investigación de la Guardia Civil y la Policía Judicial comenzó a finales de 2010 y intenta aclarra una presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística. Ya se ha ordenado el registro de 14 inmuebles y bloqueado 165 cuentas bancarias, 233 inmuebles y 19 vehículos. En las próximas horas se espera que los cuatro detenidos pasarán a disposición judicial.

Sánchez fue elegido por primera vez alcalde de Casares en las elecciones municipales de 1979, cargo que mantuvo hasta 2009, con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando el municipio estuvo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL), fundado por el fallecido Jesús Gil.

El actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda, también fue presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre 2003 y 2011.

En 2007 el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos alcanzados por el Ayuntamiento de Casares, presidido entonces por Sánchez.

El Consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre de 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.

Según los cálculos efectuados en aquellas fechas por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector del municipio.

Además, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó en 2003 y 2004 dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable en la localidad, y denunció a Sánchez y al concejal de Urbanismo por delitos contra la ordenación del territorio.

Desde primeras horas de la mañana, el Ayuntamiento de Casares permanece custodiado por agentes de la Guardia Civil y cerrado al público para poder inspeccionar la documentación en papel y en soporte informático, para lo que se ha recabado la colaboración de la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que sucedió en 2009 a Sánchez.

Tras la petición efectuada por la Guardia Civil, la alcaldesa ha hablado con los trabajadores municipales sobre las pautas a seguir y estos se encuentran en una zona a la espera de ser requeridos por los agentes para ayudar en el registro.

Entre los documentos que han pedido los investigadores figuran actas de plenos y archivos informáticos.

 
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