Jueces para la Democracia y el Sindicato de Secretarios Judiciales piden la dimisión de Dívar

En un comunicado, el secretariado de la asociación considera que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, "ha dispuesto del suficiente tiempo, desde que este asunto se iniciara, para dar explicaciones detalladas acerca del destino y concreta aplicación de estos fondos, y no lo ha hecho".

Al tratarse de un servidor publico, la asociación reflexiona que "el parámetro de evaluación no puede ser el ordenamiento jurídico penal, sino un código de conducta más vinculado a la ética pública. Este código se desconoce desde el momento en que, frente a la petición de explicaciones públicas, se opone el mero dato del archivo de unas diligencias de investigación, resultando especialmente lamentable que, pese a la denuncia y a la gravedad de la situación generada, se persista en hurtar a la opinión pública una detallada explicación".

En esta tesitura, la asociación exige la inmediata dimisión del presidente del Consejo: "A la vista de que el próximo jueves el Pleno del órgano de gobierno del Poder Judicial analizará esta cuestión, hacen además "una llamada de responsabilidad a sus vocales para que salven el prestigio de la institución, pidiendo igualmente y a su vez la dimisión de su presidente".

De la misma forma, continúa el comunicado, "reclamamos la instauración de prácticas institucionales transparentes y de mecanismos de control eficaces en la gestión de los presupuestos del CGPJ, instando a los vocales para que con urgencia procedan a adoptar los acuerdos precisos para alcanzar tal objetivo, poniendo fin a los espacios de opacidad".

Sindicato de Secretarios Judiciales

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Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales considera "éticamente reprobable" la actuación del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por sus viajes a Marbella (Málaga), y le han pedido que presente su dimisión "como muestra de respeto a la ciudadanía" sin esperar al Pleno extraordinario.

En un comunicado, el Sindicato de Secretarios Judiciales han recordado la "lamentable imagen" que genera este tipo de actuaciones, independientemente de que sea calificado como delito -la Fiscalía ha archivado el caso-, y ha reclamado una "profunda reflexión" sobre el funcionamiento del CGPJ como "cúspide de uno de los tres poderes del Estado".

En este sentido, la asociación asegura que "un Consejo General que continuamente genera la duda sobre si actúa en el legítimo ejercicio de sus competencias o las sobrepasa, o que decide que las sanciones que ellos mismos imponen a su personal sean secretas salvo que el propio órgano decida lo contrario no es compatible con la soberanía popular que, en éste como en los demás poderes, declara la Constitución".