El ministerio de interior estudia que los clubes de fútbol paguen la seguridad de sus partidos

El ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, ha adelantado esta mañana que su departamento está estudiando que los clubes de fútbol paguen por los despliegues policiales de los partidos de fútbol. Según fuentes del ministerio de interior no hay nada decidido aunque confirman que el asunto se está estudiando por la polémica que está originando estos despliegues en una situación de crisis como la actual.

El ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, ha adelantado que su departamento está estudiando la posibilidad de que los clubes deportivos comiencen a pagar más por la seguridad policial que supone los partidos de fútbol. Lo ha dicho esta mañana durante una visita que ha realizado a la comisaria madrileña de Moratalaz para agradecer a las unidades de intervención policial el trabajo que realizaron durante el primer aniversario del 15M.

El ministro de interior ha señalado que es consciente de la polémica que existe en la sociedad acerca de los gastos que suponen estos despliegues policiales y que por eso su departamento lo está estudiando. Estamos estudiando, ha dicho el ministro, " si tendría que haber una contribución más activa por parte de los equipos, ya que son los que se benefician".

El ministro de interior ha confirmado que alrededor de 1500 antidisturbios van a velar el próximo viernes para mantener la seguridad en los dos eventos programados: La Copa del Rey y la manifestación de la Falange. El ministerio de interior va a desplegar a 21 grupos de las UIP. 10 grupos son de Madrid y el resto unidades que vienen de otros puntos de la Península.

El despliegue policial diseñado para la Copa del Rey estaba previsto desde hace dos semanas y no se a alterar por la manifestación de la Falange que finalmente autorizó El Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El ministro de interior ha dicho que acata las decisiones judiciales pero que está en completo desacuerdo con esta decisión de los tribunales. Según el ministro coincide con la opinión de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que desautorizó la manifestación en un primer momento apostando porque la manifestación se celebrase tres días después.