El Gobierno estudia multar la prostitución de carretera y endurecer el Código Penal

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado que el Gobierno "está estudiando" multar la prostitución en las carreteras, así como una reforma del Código Penal que permita luchar contra la explotación sexual de mujeres. Según ha declarad, su departamento analiza "medidas de tipo administrativo, y penal si es el caso", para luchar contra la prostitución.

"A ninguna persona civilizada le gusta ese espectáculo y tenemos que acabar con él", ha asegurado el ministro, que ha avanzado también que estudia junto al Ministerio de Justicia incluir alguna tipificación en la futura reforma del Código Penal para luchar más eficazmente contra la explotación sexual de las mujeres.

De hecho, el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ya ha reclamado al Gobierno que el Código Penal contemple como delito la prostitución en la vía pública y ha abordado la cuestión con el ministro, según avanzó hace dos semanas, porque según él su penalización ayudará a reducir la oferta y demanda sexual en las calles.

Cataluña comenzará a sancionar esta semana

Los Mossos d'Esquadra empezarán a sancionar la próxima semana la prostitución en las carreteras catalanas, después de que la Generalitat incluyese esa posibilidad en la modificación de la ley de carreteras que acometió durante la aprobación de las ''leyes ómnibus''.

Aunque según la ley la Generalitat solo puede tramitar las sanciones que imponga en sus carreteras, Jorge Fernández Díaz ha asegurado que el Estado cursará también aquellas multas que se impongan en las carreteras estatales.

Hetaira denuncia "la doble moral" del Ministerio

El colectivo Hetaira de defensa de los derechos de las prostitutas considera "indignante" que el Ministerio del Interior quiera multar la prostitución de calle y opina que se trata de un juego de "doble moral" porque "quiere quitarse la prostitución que se ve" pero no luchar realmente contra la trata de mujeres.

Así lo ha señalado la portavoz del colectivo, Cristina Garaizabal, para incidir en que se trata de una medida que "atenta contra los derechos humanos de quienes ejercen la prostitución por decisión propia, algo que no es delito en este país". Garaizabal ha pedido que se negocien "espacios donde se pueda trabajar tranquilamente".

En este sentido, ha indicado la pugna que mantienen Madrid y Cataluña por convertirse en sede del complejo de juego Eurovegas, que a juicio de Hetaira "facilitaría la apertura de grandes prostíbulos, donde las mafias podrían campar a sus anchas parapetadas en sociedades anónimas".

Asociaciones de jueces de oponen a la medida

Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) han mostrado su disconformidad con esta posibilidad de sancionar a las prostitutas ya que aumentaría la clandestinidad y la explotación.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis de Armgengol, sin embargo se ha mostrado favorable a sancionar a las prostitutas por la vía administrativa aunque ha apuntado que la legislación ya "despenalizó" estas conductas, por lo que sería "una regresión" incluirlas en la próxima reforma del Código Penal.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha defendido que existe "una respuesta penal suficiente" para combatir la explotación sexual de mujeres y que no se debería "criminalizar" a las meretrices. Consideran además que la posibilidad de castigar penalmente a las prostitutas revela "una medida más de este Gobierno" tendente a "criminalizar la pobreza y creen que el Estado debería aportar una solución de naturaleza "social" a estas situaciones ya que una respuesta penal sólo puede llevar a las mujeres a "un mayor estado de clandestinidad que acentúe la explotación".