Sociedad
SOCIEDAD | APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Valencia, Canarias y Baleares suspenden en la aplicación de la dependencia

El observatorio, que analiza cada seis meses la aplicación de esta ley, destaca que en la mayoría de las comunidades baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores

Castilla y León es la mejor comunidad autónoma en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, seguida de País Vasco y Andalucía, mientras que a la cola se sitúan Valencia, Canarias y Baleares, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia.

Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria suspenden en la evaluación que realizan profesionales de los centros de asuntos sociales, pero se sitúan por delante de Comunidad Valenciana y Canarias, que obtienen la peor nota. A nivel general, continúa registrándose un empeoramiento en la implantación de la Ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012).

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El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que "el Sistema de Atención a la Dependencia está paralizado" y ha lamentado que algunas CCAA no estén manteniendo la tasa de reposición, es decir, ni el número de dependientes atendidos ni los servicios prestados en el último año. El observatorio destaca la existencia de "una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida" y recuerda que 270.000 dependientes se encuentran en lista de espera.

Además, según Ramírez, "han desaparecido 170.000 grandes dependientes de las estadísticas y algunas comunidades están revisando a la baja el grado de dependencia, para pagar menos". Los responsables de los servicios sociales pronostican que la reducción de 283 millones en los presupuestos generales del Estado de 2012 impedirá que "las CCAA puedan cumplir las obligaciones contraídas con las personas dependientes y con sus familias". En este sentido, Ramírez ha explicado que "la administración central ha pasado de pagar el 39% de la factura en 2009 al 25% en 2012".

 
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