La Fiscalía retira cargos de asesinato contra mineros por la masacre de Marikana
Los 270 mineros serán puestos en libertad bajo fianza el próximo jueves
La Fiscalía de Sudáfrica anunció este domingo la retirada por ahora de los cargos de asesinato contra 270 mineros por la masacre de 34 de sus compañeros por disparos de la Policía durante la huelga en la mina sudafricana de platino de Lonmin, en Marikana.
El director nacional de la Fiscalía, Nomgcobo Jiba, afirmó en una rueda de prensa celebrada el domingo en Pretoria que los cargos de asesinato solo serían presentados una vez que haya avanzado la investigación de los hechos, informó la emisora sudafricana Talk Radio.
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Los 270 mineros en huelga en la mina de Marikana fueron acusados de asesinato el viernes por la masacre de sus compañeros por una ley del apartheid, el régimen racista impuesto por la minoría blanca sudafricana hasta 1994, que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por las muertes que se produzcan en ella.
"La decisión sobre los cargos solo será tomada una vez concluya la investigación", afirmó Jiba, que defendió no obstante la labor de los fiscales, que actuaron en base a las leyes sudafricanas. Los fiscales sudafricanos afirmaron que aguardarán también a ver el resultado de la comisión judicial de investigación, puesta en marcha por el Gobierno para esclarecer los hechos de la matanza.
Los 270 trabajadores serán puestos en libertad bajo fianza el próximo jueves, cuando se reanuda la vista sobre el caso, añadió el director de la nacional de la Fiscalía. Los mineros detenidos en la huelga en la mina de Marikana fueron acusados de asesinato el viernes por la masacre de sus compañeros por una ley del apartheid, el régimen racista impuesto por la minoría blanca sudafricana hasta 1994, que responsabiliza a todos los participantes de una protesta por las muertes que se produzcan en ella.
La decisión del ministerio fiscal causó un gran estupor en Sudáfrica por la aplicación de la doctrina del "propósito común", que durante el apartheid se empleó para perseguir y detener sistemáticamente a los ciudadanos que se enfrentaban al Gobierno por la democracia y la igualdad racial en el país.
La acusación llevó incluso al ministro de Justicia de Sudáfrica, Joseph Radebe, a pedir explicaciones a la Fiscalía sobre el fundamento de los cargos. En una carta remitida al Gobierno sudafricano, los abogados de los 270 detenidos reclamaron la intervención del presidente sudafricano, Jacob Zuma, y la puesta en libertad inmediata de los acusados.
"Si Zuma no actúa, iremos a los juzgados para obtener una orden urgente que le obligue a ello", amenazaron los abogados de los mineros, que dieron de plazo hasta las 12.00 GMT de hoy para que el jefe del Estado interceda en el asunto.
En un comunicado, el presidente Zuma aseguró el pasado sábado que no interferiría en el desarrollo del juicio, e insistió en la independencia de los tribunales y el ministerio fiscal. Un total de 259 mineros fueron arrestados después de que la Policía abriera fuego el pasado 16 de agosto contra un grupo de huelguistas, que iban armados con machetes, palos, y armas de fuego, según el Gobierno.
Otros 11 mineros que resultaron heridos durante el episodio fueron arrestados en el hospital. Los mineros se encuentran en huelga para reclamar mejoras salariales desde el 10 de agosto en la mina de platino de Lonmin.
Un total de 44 personas han perdido la vida desde el inicio de las protestas en la mina de Lonmin, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad, y seis mineros en los primeros compases de la huelga, antes de la matanza del 16 de agosto. Nadie ha sido acusado, hasta el momento, de la muerte de estas diez personas, según confirmó a Efe la Fiscalía sudafricana.
