España falla en la detección y protección de las víctimas de la explotación sexual
Un informe de la Defensora del Pueblo revela las lagunas y carencias del sistema en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres y las obligan a prostituirse
Falla la coordinación y la evaluación de los policías por carencias en su formación, hay una deficiente comprensión de la conducta de estas mujeres, son muy pocas las condenas proxenetas y traficantes, se ponen trabas a las ONG y se no se les reconoce como refugiadas. Son agunas de las lagunas del sistema que recoge la investigación realizada por la Defensora del Pueblo "La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles". Solo una de cada 20 mujeres en riesgo es considerada finalmente vítima.
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El informe de la Defensora del Pueblo es muy crítico y revela las carencias legales para identificar y proteger a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual. "Los mecanismos para la detección de las víctimas no están funcionando adecuadamente". "La falta de identificación se debe a veces a la deficiente comprensión de la conducta de estas mujeres, hay deficiencias de procedimiento y coordinación". "Hay carencias formativas de los policías, sobre todo en los funcionarios de control de fronteras". "Los períodos de reflexión soy muy cortos y es necesario revisarlos". "Hay dificultades para la concesión de permisos de residencia cuando esta autorización es una garantía importante para su protección".
Son algunas de las relevantes lagunas que destapa el informe "La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles". Un extenso documento de 400 páginas y que reúne el trabajo de investigación realizado por los técnicos de la oficina durante los últimos dos años.
En sus conclusiones, el informe recoge censura la actuación de la justicia ante esta lacra. "La trata de personas es una actividad delictiva muy lucrativa. El bajo número de condenas se debe los procedimientos judiciales en los que se imputa a los tratantes siguen dependiendo en casi en exclusiva de las declaraciones de las mujeres cuando la investigación financiera es una herramienta importante para la obtención de pruebas, la evaluación de riesgos, para conocer mejor el modus operandi de los traficantes y para perfeccionar los métodos de detección". Además subraya que los estados deben garantizar el reconocimiento como refugiadas porque pueden ser perseguidas al regresar a su país y por lo tanto deben recibir protección internacional.
Las deficiencias y dificultades para la identificación de las víctimas están avaladas por los datos. En 2010 se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo, pero solo se identificó a 1.641. En 2011, de 14.730 posibles casos solo se consideró como víctimas a 1.082.
Sin embargo, la Defensora del Pueblo Soledad Becerril, pese a admitir todas estas lagunas, atribuye a la escasa colaboración de las propias víctimas los problemas para la detección de los casos de riesgo. "Fundamentalmente la causa es que no quieren colaborar, no quieren dar datos. Tienen miedo a denunciar, miedo a represalias y amenazas de los traficantes y aunque se hayan iniciado los trámites, luego prefieren desaparecer y quitarse de en medio."
Soledad Becerril pide al gobierno más implicación para luchar contra la trata de mujeres. En este sentido, le recomienda una mayor colaboración con las ONG, flexibilidad para la concesión de los permisos de residencia y de asilo, una ampliación del periodo de reflexión, formación de los agentes policiales y mecanismos de coordinación entre fiscalías y comunidades autónomas.
