Hacienda embarga la caja de locales abiertos al público para recaudar las deudas pendientes

La directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Beatriz Viana, ha informado de que Hacienda tiene pendientes de cobro en los tribunales 6.000 millones de euros por delito fiscal, de los que 2.000 millones permanecen sin cobrar desde hace más de cinco años. Hacienda ha recaudado casi 8.500 millones en la lucha contra el fraude fiscal hasta septiembre.

La directora de la Agencia Tributaria ha destacado que el delito fiscal tarda muchos años en resolverse y por ello ha destacado la importancia que tiene la reforma del Código Penal que actualmente está en tramitación parlamentaria.

Beatriz Viana ha informado de las actuaciones especiales que lleva a cabo la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida y ha incidido en que de las 12.000 inspecciones previstas para este año ya se han realizado 7.700, de las que en casi el 40% se ha detectado riesgo fiscal.

En cuanto a las medidas de recaudación, Viana ha destacado las inspecciones para hacer embargos de caja en locales de deudores abiertos al público y el embargos de vehículos históricos de alto valor y de gran cilindrada.

Además se hacen actuaciones en casos de deudores sin actividad declarada, pero con actividad presunta, y en el control de deudores premiados en juegos de lotería. El control llega también a los alquileres en zonas turísticas, la venta ambulante en mercadillos, los amarres en puertos deportivos o los hoteles de turismo rural.

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Entre estas medidas, se prevé el control de extranjeros para impedir que eludan el pago de impuestos en España y un plan especial de control de fundaciones para recabar información sobre los fines sociales y de interés general declarados por entidades que se benefician del régimen especial de entidades sin ánimo de lucro.

Asimismo, se ha reforzado el control de los incentivos fiscales para pymes y de la aplicación del régimen especial para micropymes. Otra de las medidas supone intensificar las peticiones de colaboración a otros países de la UE para cobrar a 600 contribuyentes una deuda de más de 720 millones.