Torres Dulce confirma la circular de obligado cumplimiento en el caso de 'bebés robados'

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha presentado la memoria de la Institución en el Congreso de los Diputados. A su llegada y a preguntas de los periodistas, Torres Dulce ha confirmado que el Ministerio Público ultima una circular de obligado cumplimiento para mantener una postura común en el millar de sumarios abiertos en toda España por el caso de bebés robados y que pasa por considerar que no hay delito de asociación ilícita.

El Fiscal General del Estado ha confirmado la noticia que les ha avanzado la Cadena SER. El Ministerio Público hará pública una circular para que el fiscal mantenga una postura común en los mil casos de bebés robados que hay abiertos en juzgados y tribunales de toda España. Una decisión, fruto de la disparidad de criterios que se han venido sosteniendo hasta ahora.

Eduardo Torres Dulce no ha querido revelar el contenido de esa circular de obligado cumplimiento pero ha asegurado que se conocerá "en los próximos días, ya que estamos a punto de dar a luz" y que el documento "examina todos los problemas" a los que se ha tenido que enfrentar la Fiscalía.

Tal y como ha avanzado esta emisora, la circular sostiene que no aprecia que el régimen franquista cometiera un delito de asociación ilícita porque, según fuentes consultadas por esta emisora, aunque se estudiará caso por caso, todo apunta a que se trataba de "una práctica social extendida en las maternidades durante una época pero no hay un patrón claro, idéntico en cada caso". Estas fuentes añaden que "aunque haya un evidente acuerdo voluntario entre médico y enfermera para el robo de los bebés, faltan requisitos para hablar de asociación ilícita, ya que no hay una estructura criminal previa, no hay permanencia en el tiempo y tampoco una estructura jerárquica".

La postura del Ministerio Público pasa por considerar los hechos como constitutivos de un delito de detención ilegal. Eso sí, la fiscalía aún no tiene claro cuando empieza a computar el plazo de prescripción. Hay dos teorías sobre la mesa. La primera, contar los 20 años desde que nace el bebé y es arrancado de los brazos de su madre. La segunda, 20 años desde que él o ella conocen que son bebés robados.

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