El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en el Plan E del Gobierno de Zapatero
La fiscalización del Tribunal de Cuentas se centra en los ejercicios de 2009 y 2010. Las irregularidades detectadas son numerosas, desde los plazos hasta el tipo de contratación por parte de los Ayuntamientos.
El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la aplicación del Plan E que aprobó el Gobierno de Zapatero con una inversión de 8.000 millones de euros. Según ha dicho su presidente en el Congreso, los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo.
El plan E puesto en marcha por el anterior gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero destinado a la inversión y el empleo en las corporaciones locales podría haber incurrido en varias irregularidades. La más importante, los ayuntamientamientos no seleccionaron los proyectos en función de la creación de puestos de trabajo, objetivo principal del plan E.
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Es una de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, presentando por su presidente, Ramón Álvarez de Miranda ante la comisión mixta del Congreso. El tribunal es crítico con los 54 días que daba el plan para elaborar un proyecto de inversión, un tiempo excesivamente limitado para planificar adecuadamente. Además entiende que no se garantizaron las inversiones en obra nueva; los ayuntamientos utilizaron el dinero para terminar proyectos que habían dejado a medias por falta de recursos y no se consiguió la continuidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
En cuanto a la ejecución de los contratos, el tribunal acusa deficiencias, en concreto, el incumplimiento en casi la mitad de los contratos; el retraso, en casiun 70% de los casos, en la finalización de las obras financiadas por el Plan E; el incumplimiento por las empresas adjudicatarias de contratar desempleados; y en una minoría de expedientes, de los requisitos exigibles para su financiación.
El plan E tenía un fondo de 8.000 millones de euros repartido entre más de 8.082 municipios, dos ciudades autónomas y seis mancomunidades entre 2009 y 2010, aunque algunos proyectos se extendieron hasta 2011. Las comunidades que más recibieron fueron Andalucía, Cataluña y Madrid.
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