Un testaferro de los ERE dice que firmó talones y facturas en blanco y movió dinero en sobres
Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los supuestos testaferros del caso de los ERE, testaferro entre otros del hombre que ha negociado la gran mayoría de los ERE, de Juan Lanzas, y también del director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, ha reconocido que llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y desde distintos bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla hasta una cafetería situada en los bajos de la Delegación de Empleo en la capital.
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En alguna ocasión, en lugar de sobres fueron fundas de ordenadores portátiles llenas de billetes de quinientos y doscientos euros. También en una ocasión fue a Madrid, ha contado, con el portátil, para llevarle dinero en persona a Antonio Albarracín. El caso de los ERE está declarado secreto desde principios de noviembre para descubrir y esclarecer supuestos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y cohecho.
El dinero se lo entregaban en Mercasevilla, ha dicho, el exsubdirector, Daniel Ponce y la secretaria, María Regla Pereira, absuelta hace un mes del procedimiento que dio origen a este asunto: el de la la comisión que exigieron Ponce, su superior Fernado Mellet y el exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, a los empresarios del Grupo La Raza. Estos empresarios habían logrado una subvención excepcional de 900.000 euros para gestionar una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla.
En los bares de los alrededores de la Consejería, en la Avenida de Hytasa, se lo daban distintos individuos que nunca le dijeron su nombre. Lo mismo que ocurría con los que recogían el dinero en la Avenida República Argentina, donde se encuentra la Delegación de Empleo de Sevilla.
La persona que le ordenaba recoger los sobres, la fecha y la hora, era Juan Lanzas, según ha manifestado Algarín Lamela.
Este testaferro ha confesado también que firmó hasta dos talonarios en blanco para Lanzas y multitud de facturas que le ponía por delante otro supuesto testaferro de esta trama, Eduardo Leal del Real, que fue su socio en varias emprsas.
La Guardia Civil piensa que el intermediario Juan Lanzas, el bufete Estudios Jurídicos Villasís y el Holding Vitalia utilizaban empresas pantalla para "introducir en el circuito financiero" el dinero de las "sobrecomisiones" que la Junta pagaba a las aseguradoreas que abonaban las pólizas de los expedientes de regulación de empleo.
Esas "sobrecomisiones" supuestamente afloraron en las empresas Atrado Mensajería S.L, Estudios Agenciales S.L y Distripack Transporte Urgente S.L. El administrador de las dos primeras es Eduardo Leal del Real que también aparece como administrador solidario de la tercera junto a Juan Francisco Algarín Lamela.
La instrucción de los ERE comenzó en enero de 2010. Entre otras líneas abiertas, la investigación trata de averiguar el destino de las sobre comisiones que, según la jueza Alaya, la Junta de Andalucía pagaba a las aseguradoras Vitalia, Uniter y Generali.
La investigación ha imputado ya siete altos cargos de la Junta, entre ellos al exconsejero Antonio Fernández.
