Más de 44.000 plantas fotovoltaicas, en riesgo de embargo, según Anpier
La asociación pedirá amparo al Defensor del Pueblo y denuncia una "estafa de Estado más escandalosa que las preferentes"
Más de 44.000 pequeñas plantas fotovoltaicas, en las que están puestos los ahorros de otras tantas familias y que suponen el 80% del total, sufren "tensiones de tesorería" que "ponen en riesgo de quiebra inminente su actividad" y que podrían ser embargadas por los bancos que las financiaron, según la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier).
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"Son instalaciones de pequeñas dimensión, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación por parte de la banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas", afirma la asociación en un comunicado, en el que compara la situación de estas familias con la de las preferentes.
Anpier anuncia además que, como parte de sus esfuerzos para defender esta tecnología, se reunirá mañana martes con el adjunto al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para ponerle al corriente de la situación del sector fotovoltaico y pedirle amparo ante el "hostigamiento" que sufren sus productores.
La fotovoltaica, asegura la asociación, está viéndose sometida a una "vulneración de principios esenciales del orden constitucional, como son la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima".
En España, indica, más de 55.000 instalaciones fotovoltaicas se encuentran "gravemente afectadas por dos normas retroactivas", que son el real decreto 1565/2010 y el real decreto ley 14/2010.
Estas dos normativas implican una pérdida media de hasta un 30% de los ingresos de estas plantas, a los que, desde enero, se suma la nueva carga impositiva del 7% a la producción de electricidad.
"Estafa como las preferentes"
Anpier considera que los particulares que han invertido en fotovoltaica han sufrido una "estafa de Estado maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos Europeos de 2020 y cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de decenas de miles de familias españolas".
Estos inversores han dejado de obtener el "retorno prometido" a través del BOE, lo que supone "una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica no existía letra pequeña, sino que se han cambiado las condiciones del contrato una vez realizadas la inversiones, y con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba", asegura.
