El Ayuntamiento de Madrid admite que donó 120.000 euros a Iñaki Urdangarín
La Fundación Madrid 16, dependiente del consistorio y encargada de impulsar la candidatura olímpica, intentó justificar en 2011 estos pagos
La ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, que declaró en este caso como imputada, afirmó que en abril de 2007 recibió una llamada de Urdangarin diciéndole que "tenía una fundación que podría colaborar activamente con Madrid 16 en la búsqueda del ''leitmotiv'' de la Fundación Madrid 16 para su candidatura de los Juegos Olímpicos".
El Ayuntamiento de Madrid donó 120.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, para, entre otras cosas, promover la candidatura olímpica Madrid 2016, sin que exista justificación alguna de la prestación de los servicios pagados.
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Así se desprende de la investigación abierta la semana pasada por el juez del caso Nóos, José Castro, quien ordenó una serie de registros e interrogatorios llevados a cabo en Madrid.
El juez tomó declaración en calidad de imputada a la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen, exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, que afirmó en el marco de una nueva línea de investigación abierta en el caso Nóos, que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, como su exsocio Diego Torres, propusieron colaborar "activamente" en la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016, a cambio de "una remuneración" -finalmente ascendió a 132.000 euros en concepto de donación- por servicios que presuntamente no se llevaron a cabo.
Así lo puso de manifiesto durante la declaración que prestó en calidad de imputada la semana pasada en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Durante su comparecencia, Coghen señaló que fue Urdangarin quien le llamó en abril de 2007 para decirle que tenía una fundación -la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social- que "podría colaborar activamente con Madrid 16 en la búsqueda del ''leit motiv'' para su candidatura".
Según manifestó la encausada, quien afirmó que ya conocía al Duque por ser miembro del Comité Olímpico Español, accedió a concertar una reunión para abordar el tema, en la que estuvieron presentes Urdangarin y Torres, entre otros, en la que ambos ofrecieron asesoramiento en la búsqueda "del mensaje estratégico de la ciudad de Madrid por un lado, y por otro, a través de la sinergia de ambas fundaciones, poder promocionar nuestra candidatura".
"A cambio de sus servicios, los señores Torres y Urdangarin solicitaban una remuneración de los mismos", apostilló Coghen, quien apuntó que no se habló sin embargo de prestaciones concretas. Tras ello se redactó un convenio marco pero ninguno a nivel específico, a pesar de lo cual "verbalmente se me iban encomendado por los distintos responsables actividades concretas", como también "verbalmente" se fijó una cantidad fija mensual en previsión de las actividades a desarrollar por la FDCIS.
Según aseveró en este sentido, desconoce por qué no se documentó todo ello así como "a quién se puede responsabilizar por no haber documentado las prestaciones y las retribuciones". De hecho, ha apuntado que "la fórmula de que figuraran las aportaciones como donación surgió de algún responsable de la Fundación Deporte y a los responsables de la Fundación Madrid no les pareció mal".
Según la Fiscalía, las entregas de dinero fueron finalmente efectuadas mediante 16 transferencias de 6.000 euros y dos de 12.000, repartidas entre octubre de 2007 y noviembre de 2009, pese a que el convenio no contemplaba contraprestación económica alguna y sin que conste trabajo alguno por parte de la FDCIS que las justifique, tal y como asevera en un escrito incluido en estas pesquisas el fiscal Pedro Horrach.
No obstante, entre la documentación del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid ha sido localizado un escrito de cuatro folios con el título ''Memoria'' anotado a mano y fechado el 2 de diciembre de 2011, más de dos años después de que finalizase la vigencia del convenio y 25 días después de los registros efectuados en el marco de la denominada Operación Babel (7 de noviembre de ese año), que dio lugar al estallido del caso Nóos.
