La jueza de los ERE ordena que el testaferro Algarín Lamela siga en la cárcel

La jueza de Sevilla que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha rechazado la petición de libertad planteada por Juan Francisco Algarín Lamela, en prisión provisional desde el pasado día 15 de enero. Algarín es uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras a la Junta para pagar mensualmente las pólizas de los ERE. La magistrada cree que hay riesgo de fuga, puede destruir pruebas y puede perjudicar las investigaciones si entra en contacto con otros supuestos implicados.

Algarín Lamela era supuestamente administrador de una de las empresas pantalla empleadas "para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones".

Ingresó en prisión imputado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, cohecho, malversación y falsedad en documento mercantil.

Algarín Lamela, en su declaración, ha reconocido que firmó facturas y talones en blanco para que supuestamente otros pudieran sacar a la luz o introducir en el circuito financiero, el dinero que la Junta pagaba a las aseguradores que abonaban las pólizas de los ERE.

Este hombre ha detallado también cómo llevó dinero en sobres y en fundas de ordenadores portátiles desde bares cercanos a la Consejería de Empleo y desde Mercasevilla hasta una cafería próxima a la Delegación de Empleo en Sevilla.

Según ha dicho, el dinero se lo entregaba en Mercasevilla el exsubdirector del mercado, Daniel Ponce y la secretaria Regla Pereira, absuelta hace unos meses del caso que dio origen a toda la investigación de los ERE.

La persona que siempre le ordenaba recoger los sobres, la fecha y la hora, era Juan Lanzas, según ha manifestado Algarín Lamela.

En un procedimiento distinto, Juan Francisco Algarín Lamela tiene que enfrentarse a los ocho años y medio de prisión que le pide el fiscal por dos supuestos delitos contra la hacienda pública. Además le exigen una multa de casi dos millones de euros porque no declaró a hacienda dinero factaurado en alguna de sus empresas, que son las mismas que supuestamente fueron sociedades pantalla para que aflorarn las sobrecomisiones de las aseguradoras que tramitaban los expedientes de regulación de empleo.