El Constitucional tumba las aspiraciones de las familias para juzgar la contratación del Yak-42

Los familiares de las 62 víctimas ganaron en 2010 la batalla por la identificación errónea de los cadáveres lo que supuso la condena de tres altos mandos militares aunque finalmente fueron indultados por el Gobierno pero las familias también reclamaban un juicio por las pésimas condiciones de los vuelos y las irregularidades en la contratación de la aeronave y esas aspiraciones para sentar en el banquillo, entre otros a Federico Trillo, fueron frenadas por la audiencia nacional y ahora clausuradas definitivamente por el Tribunal Constitucional.

La Sección primera ha dictado una providencia por la que no admiten a trámite el recurso presentado por la Asociación de familiares "ante la manifiesta inexistencia de violación de derechos fundamentales". Una resolución que cierra las posibilidades de juicio en España aunque los abogados anuncian que recurrirán al Tribunal de Estrasburgo.

Las asociaciones de víctimas consideran que el Gobierno español tenía una responsabilidad como garante en la contratación de los aviones más aún cuando se denunció insistentemente la inseguridad de los transportes.

Dos juicios por la contratación

En España se iniciaron dos causas, una en la Audiencia Nacional y otra en Zaragoza, que concluyó con la condena del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (Um Air), la reaseguradora BUSIN Joint Stock Insurance y la contratista alemana Chapman Freeborn, al pago de 6.125.500 euros de indemnización a sus familias.

En cambio, la Sección Cuarta de la audiencia Nacional archivo en marzo de 2010 el ímpetu de los familiares del Yak-42 para ampliar las imputaciones por las presuntas negligencias en la contratación del avión. Los letrados habían solicitado implicar en la causa a varios militares y altos cargos del Ministerio Defensa en la etapa de Federico Trillo. Sin embargo, la Sala de lo Penal, en concordancia con la Fiscalía, echó por tierra sus argumentos al considerar que la responsabilidad del alquiler de la aeronave recayó en exclusiva a Namsa, la agencia de la OTAN que contrató Defensa para preparar sus viajes.

Defectuoso cumplimiento

El tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo entiende las quejas expuestas por los familiares en cuanto a las malas condiciones en las que tuvo lugar el vuelo: tripulación sin licencia, traslado de material peligroso, etc. Pese a ello, asegura que esta situación no afectó a la seguridad del aparato, sino que más bien apuntó a un «defectuoso cumplimiento» de las condiciones del acuerdo firmado por el Estado Mayor de la Defensa y Namsa, quien fue la encargada a su vez de subcontratar los servicios de Chapman Freeborn, el intermediario que alquiló el Yakolev a la empresa ucraniana United Mediterranean Airlines.

El auto de archivo destaca que el acuerdo con Namsa ''desvincula'' a las autoridades militares españolas de las presuntas negligencias en la contratación del aparato, ya que correspondía a la agencia de la OTAN ''la ejecución y el cumplimiento del servicio contratado a cambio de un precio''.