La SEPI retiró en marzo la subida del IPC a los prejubilados de empresas públicas
Los sindicatos denuncian inseguridad jurídica ante una medida inédita en 30 años de reconversiones
La congelación salarial ha llegado también a los prejubilados de las empresas públicas dependientes de la SEPI. Son millares de trabajadores a los que ésta, sin comunicárselo previamente, ha dejado de aplicar en marzo la subida correspondiente al IPC de 2012.
Decenas de miles de prejubilados de empresas públicas abandonaron la actividad laboral en procesos de reconversión después de que los sindicatos firmasen acuerdos con la SEPI -o el INI anterior- que les garantizaban el cobro de nóminas, más bajas que las que tenían en activo, pero que se iban actualizando cada año en función del coste de la vida.
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Estos trabajadores cobraron en enero y febrero pasado sus nóminas actualizadas conforme al IPC de 2012. Pero no en marzo. Sin previo aviso -según los sindicatos- han visto cómo sus nóminas se han recortado hasta el nivel de un año antes.
IZAR integra a los trabajadores de los astilleros públicos prejubilados antes de que la empresa adoptase su nombre actual, Navantia. En un documento interno de la primera, al que ha tenido acceso la Cadena Ser se apunta que "siguiendo las instrucciones provisionales de SEPI, con carácter general para todo su grupo de empresas, de forma cautelar y en tanto se dicten instrucciones definitivas, en las próximas nóminas no se aplicará el IPC del 2012".
Estabilidad presupuestaria e inseguridad jurídica
Fuentes del holding público han señalado a la Cadena SER que "SEPI es un mero instrumento, que ha aplicado la legalidad, y en este caso la ley presupuestaria". Pero no han explicado por qué la medida se adopta sólo a partir de marzo, y no desde el primer mes del año.
Según Carlos Romero, secretario de política sindical y sectorial del Metal y Construcción de UGT, la SEPI ha explicado a los sindicatos que "la abogacía del Estado interpreta que es posible extender el decreto de estabilidad presupuestaria a los trabajadores pasivos del grupo público". Es decir, que también a los prejubilados del holding se les podría aplicar la congelación salarial, aunque haya sido con carácter retroactivo.
Los sindicatos no aceptan este argumento y denuncian lo que para ellos es "una ruptura unilateral de los acuerdos de reconversión que deja a los trabajadores prejubilados ante una inseguridad jurídica absoluta".
Medida inédita
Este portavoz remarca que es la primera vez que sucede algo así después de tres décadas de acuerdos para la reconversión de empresas públicas.
La SEPI no aporta datos sobre el número de trabajadores afectados, ni sobre el ahorro que se consigue con la medida. Los sindicatos dicen que les resulta muy difícil hacer una estimación. Desde los años '80 decenas de miles de trabajadores de empresas públicas fueron prejubilados en España. Una parte han cumplido ya 65 años y han pasado a la jubilación definitiva. Pero sólo en dos reconversiones recientes, las de Izar y RTVE, fueron prejubilados unos 7.000 trabajadores, y el goteo de salidas se mantiene en otras empresas como Hunosa.
UGT anuncia que los sindicatos van a pedir una reunión con los responsables del Ministerio de Hacienda, de donde habría partido la orden para la congelación salarial, y da por hecho que si no hay marcha atrás en la medida los trabajadores prejubilados, muchos con una larga experiencia de movilización a sus espaldas, volverán a las calles.
