La Generalitat podría restablecer la gratuidad de los medicamentos para los dependientes

Hasta ahora la Generalitat siempre ha argumentado que ha establecido el copago para los dependientes por imperativo de la legislación estatal. El informe de la Clínica Jurídica de la Universitat de València tumba este argumento, asegurando que la Generalitat tiene margen de maniobra suficiente para mantener la gratuidad, como han hecho otras autonomías.

Tras dos meses de estudio y análisis del régimen de la sanidad pública, tanto estatal como autonómica, el dictamen de la Clínica Jurídica sostiene de forma contundente la competencia de la Generalitat. En un extenso y pormenorizado trabajo de medio centenar de páginas, el dictamen aporta múltiples argumentos para demostrar la existencia de dicha competencia autonómica, como varias sentencias del Tribunal Constitucional, el mantenimiento de la gratuidad para otros colectivos (como los menores tutelados por la Generalitat o los niños y adolescentes valencianos con alguna discapacidad) o el hecho de que otras comunidades autónomas, como Navarra, el País Vasco y Castilla y León, la recogen en sus leyes y la aplican. Además, el estudio demuestra que, tras el decreto estatal de 2012 y durante varios meses, el Ministerio de Sanidad tuvo conocimiento de la existencia de dicha gratuidad y no la recurrió en ningún momento ni exigió a la Generalitat que la eliminase.

El dictamen sostiene, además, que la supresión decidida por el Consell supone una medida de discriminación indirecta contra el colectivo de las personas con discapacidad que atenta contra el principio de igualdad recogido en la Constitución y agrava la situación personal, familiar y social de estas personas, dificultando su integración al crear barreras insalvables en el acceso a medicinas y productos ortopédicos que son esenciales para desarrollar una vida normal. Los autores del informe han recordado que el sobrecoste que afronta una familia valenciana por el hecho de contar entre sus miembros con una persona con discapacidad supera los 3.000 euros al año, aun contando con las ayudas y prestaciones que recibe del Estado; esa situación de desventaja se ve ahora agravada por la decisión de la Generalitat de someter a las personas con discapacidad al régimen general de copago.

El presidente del Cermi-CV, Juan Planells, ha agradecido el trabajo de los miembros de la Clínica Jurídica y ha afirmado que en los próximos días solicitará una reunión con el conseller de Sanidad para hacerle entrega del informe y demandar el restablecimiento del artículo derogado de la Ley del Estatuto del Discapacitado y garantizar así el acceso gratuito de estas personas a la prestación farmacéutica y ortoprotésica.