El PSOE valenciano pide la comparecencia del conseller de Sanidad por el caso ESABE
Pedirán que explique todas las adjudicaciones públicas hechas a empresas vinculadas al grupo ESABE
El Partido Socialista de Valencia ha solicitado la comparecencia del conseller de Sanidad para que aclare las adjudicaciones concedidas por el gobierno valenciano a la empresa de seguridad ESABE y a otras entidades vinculadas. El Ministerio de Hacienda prohibió en 2001 adjudicar contratos a una empresa vinculada a ESABE y la administración valenciana adjudicó contratos de más de 7 millones de euros a entidades del grupo en los años siguientes. El consejero de Sanidad Manuel Llombart señala que "si se produce una petición por parte de la justicia por supuesto colaboraremos".
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El Partido Socialista de Valencia ha solicitado la comparecencia del conseller de Sanidad Manuel Llombart para que explique los contratos que la administración pública valenciana ha adjudicado a empresas del grupo ESABE en los últimos años. Una solicitud anunciada un día después de que la Cadena SER revelara el contenido de las declaraciones policiales y judiciales de varios extrabajadores y directivos de la empresa ESABE. Varios de ellos reconocieron la existencia de supuestos sobornos para obtener contratos públicos, entre ellos supuestamente a alguien vinculado con la Generalitat Valenciana en la adjudicación del Hospital de la Fe.
El Ministerio de Hacienda prohibió contratar con una empresa vinculada a ESABE
El Gobierno sancionó en 2001 a una de las empresas vinculadas a ESABE, denominada Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada (ESAVE), por falsificar documentación. El Ministerio de Hacienda prohibió entonces durante cinco años a todas las administraciones públicas contratar con esta entidad, una empresa que comparte domicilio social con otras empresas del grupo ESABE, entre ellas Bubos Securitas, todas empresas vinculadas al grupo y a las que el gobierno valenciano siguió adjudicando contratos millonarios. Sólo entre los años 2003 y 2005, la administración pública valenciana adjudicó contratos de seguridad de seis hospitales a empresas vinculadas a la sancionada ESAVE y al grupo ESABE, por valor de más de 7 millones de euros en la seguridad de varios hospitales, entre ellos el de La Fe.
Según explica el portavoz del grupo socialista en el parlamento valenciano, Antonio Torres, "le dicen a una empresa que no puede contratar y cambia de nombre, crea una nueva empresa con los mismos trabajadores y el mismo capital y ya vale". También anuncia que "el conseller tendrá que explicar la cantidad económica que ha recibido esta empresa en su Consellería", añadiendo que: "Las administraciones públicas no velan para que no se produzca el fraude".
El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Manuel Llombart, asegura que "por supuesto" colaborarán con la justicia "si se produce algún tipo de petición legal, mientras tanto no podemos actuar de ninguna forma", y que por el momento "no tenemos nada más que una noticia que habla de irregularidades". Recuerda igualmente que una empresa que tenga deudas con la Seguridad Social no puede ser contratista pública, y que "todos los contratos se han hecho con esta premisa clara, no ha podido ser de otra forma".
Desde Esquerra Unida, su regidora municipal en Valencia, Rosa Albert, asegura que desde su partido tienen constancia de que hay empresas que gestionan servicios públicos "que no cumplen con cuestiones básicas, como el pago a la seguridad social". Concluye que exigirán la remunicipalización de estos servicios: "Es lo único que evitaría esta situación de estafa tanto al municipio como a los trabajadores".
Consol Castillo, concejala de Compromís, ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Valencia sobre contratos adjudicados a una empresa como ESABE "que ya está denunciada por sus trabajadores por incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, no entendemos cómo sigue siendo contratada por el Ayuntamiento, hay muchas dudas".
Son nuevas reacción después de que ayer el grupo Compromís anunciase la solicitud de un comisión de investigación a las cortes valencianas.
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