El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado este sábado que la próxima semana convocará a representantes de partidos políticos catalanes y agentes del sector educativo para expresar su oposición a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Lo ha dicho Artur Mas el día después de que el Consejo de Ministros aprobase este proyecto de ley, que ha definido como una «opa hostil». Mas ha asegurado que desde Catalunya se actuará «hasta las últimas consecuencias» para expresar su oposición a una norma que, en su opinión, pretende romper la cohesión social de la comunidad y dividir a la población. «Por todos los medios que tengamos a nuestro alcance, defenderemos con uñas y dientes nuestro sistema educativo», ha recalcado Mas, que ha criticado la actitud del Gobierno central. Mas ha indicado que esta reunión servirá para dejar claro que los catalanes no agacharán sus cabezas ante esta reforma, y ha añadido: «Todo el mundo a quien se le hace una opa hostil tiene el legítimo derecho a defenderse». El presidente catalán ha señalado que él se muestra «abierto a las reformas», pero una cosa es querer mejorar el sistema educativo catalán y otra muy distinta la actitud de imposición del Gobierno central. «Reformas sí, opas hostiles contra la escuela catalana y contra el catalán y nuestro autogobierno, no», ha remarcado. Ha defendido que el modelo educativo catalán garantiza la cohesión social, el conocimiento del catalán y del castellano de todos los alumnos y que «intenta que todo el mundo tenga las mismas oportunidades» con independencia de su lengua materna. La llevarán al Constitucional si no hay cambios Por su parte, el conseller de Interior, Ramon Espadaler (UDC), ha afirmado este sábado que la Generalitat llevará la LOMCE al Tribunal Constitucional (TC) si no hay cambios sustanciales. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Espadaler ha indicado que su partido agotará todas las posibilidades a su alcance para realizar enmiendas, pero «si acaba en una ley que no varía porque el PP aplica el rodillo de su mayoría parlamentaria», irán al Constitucional. El conseller ha destacado la «profunda discrepancia y gran preocupación» de su partido por la nueva ley, ya que ha considerado que es un verdadero atentado a la convivencia en Catalunya y a su modelo educativo. La inmersión es «preservación de la lengua, y solo eso lo justificaría, pero también es semilla de cohesión social», ha subrayado, y ha recordado que la ley que regula el sistema educativo catalán fue fruto de un acuerdo entre CiU, PSC y ERC, y cuenta con un amplio consenso de profesores, padres y sindicatos.