Fomento calcula que nacionalizar las autopistas ruinosas costaría menos de 3.000 millones

Madrid

Fomento negocia con los socios de las nueve concesionarias de autopistas de peaje con problemas, y sus bancos acreedores, integrarlas en una sociedad pública. Según las cuentas que se manejan en la negociación esta alternativa sería menos costosa para el Estado que dejar quebrar a las empresas y hacer frente a la responsabilidad patrimonial la Administración.

La propuesta del Ministerio de Fomento, según fuentes que participan directamente en la negociación, es integrar las nueve autopistas de última generación en una sociedad pública, con participación de los socios actuales en el capital, pero no en la gestión.

Según las cuentas que se manejan el coste de esta operación estaría por debajo de los 3.000 millones de euros, en valor neto actual, mientras que la quiebra de las concesionarias actuales conllevaría un coste, por la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se evalúa en 3.550 millones de euros, que engordarían el déficit público.

La fórmula por la que apuesta el gobierno tiene ya el respaldo de los bancos acreedores de la mayor parte de la deuda de las concesionarias, que han aceptado una fórmula por la que se mantendría la misma deuda nominal, de unos 4.000 millones de euros, pero se dilataría su pago en el tiempo, dejando casi todo el coste financiero para más adelante, lo que aliviaría las cuentas a corto plazo y evitaría, en principio, engordar de golpe el déficit público.

Las constructoras se resisten

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Pero las constructoras ponen pegas. Exigen más que lo que les ofrece Fomento, que les dice que no habrá más ayudas parciales, como los créditos participativos y las cuentas de compensación que han ido recibiendo desde 2008, por un total de 600 millones de euros.

Desde la perspectiva del gobierno si no hay acuerdo quebrarían de forma ineludible las nueve concesionarias en cuestión, de las que cinco están ya en concurso de acreedores: Las de las radiales 3, 4 y 5 de Madrid, la Madrid-Toledo (AP-41), Ocaña-La Roda (AP-36) y el tramo Cartagena-Vera de la AP-7. También se integrarían en la sociedad pública la R-2 de Madrid, la M-12, de acceso al aeropuerto de Barajas y el tramo Cartagena-Alicante de la AP-7.

No hay un plazo cerrado para alcanzar un acuerdo. El límite estaría en la tramitación de los propios concursos de acreedores, que podrían dar lugar a quiebras si no se encuentra otra salida alternativa. Los partícipes en la negociación creen que, de haber acuerdo, ha de alcanzarse este verano.