Jueces para la Democracia urge al Gobierno para que dedique más dinero y medios contra la violencia de género

Jueces por la Democracia ha alertado en un comunicado de la disminución de la "persecución efectiva" a los delitos por violencia de género debido a la crisis. La asociación denuncia los "posibles efectos negativos de la crisis económica", ante este tipo de violencia, entre los que destacan la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales cuyos efectos ya se han podido constatar.

Según la asociación progresista las denuncias por este tipo de violencia se han reducido un 10 por ciento en el último año y un 12 por ciento de las mujeres que presentaron denuncias las retiraron antes de que el proceso se llevara a término.

Menos ayudas

Las cifras no se deben a un descenso del número de casos de violencia sino que han sido provocadas por la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia. "Después de salir de un ámbito violento deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia precisan un apoyo social especifico", según indica el comunicado.

Menos denuncias

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La violencia de género no ha descendido, sostiene la Asociación "ya que se ha incrementado la cifra oculta de mujeres que sufre violencia y no la denuncian. Los conflictos económicos en el hogar son un factor de riesgo muy importante, un detonante más de la violencia machista; en lo que va de año han muerto 26 mujeres como consecuencia de la violencia de género y solo cuatro de ellas habían denunciado agresiones previas."

Más inversión

Jueces para la Democracia reclama al Gobierno que el mantenimiento del gasto público siga siendo efectivo para lograr el funcionamiento adecuado y la efectividad del sistema legal, y para ello urgen al Gobierno a que aumenten las unidades de valoración del riesgo integral en todos los juzgados de violencia sobre la mujer, tal y como prevé la Ley Integral de Justicia.

La asociación exige que estas unidades de valoración examinen también a los/las menores, efectuando en sus informes las indicaciones y prescripciones profesionales que en cada caso sean más adecuadas. Procede llevar a cabo un estudio riguroso, profesional e individualizado de las limitaciones y /o exclusiones de visitas, lejos de afirmaciones apriorísticas que pueden resultar en su aplicación gravemente perjudiciales para el menor.

Respuesta social

El comunicado hace también referencia a la respuesta de que debe dar la sociedad, y para ello "insisten en la importancia de la respuesta del conjunto social para la efectividad de la aplicación del ordenamiento, ya que una norma despliega efectivamente sus efectos cuando se produce la aceptación general de la Ley". La prevención más eficaz, concluye el comunicado, "necesita no sólo de la disuasión penal, sino que requiere también una intervención dinámica y positiva de toda la sociedad que neutralice las raíces y causas de esta criminalidad; no puede obviarse que el poder dentro de la relaciones, la connivencia social y legal, así como los roles adscritos culturalmente actúan como legitimadores del abuso que subyace en este tipo de violencia".

La ley de educación no ayuda

Los jueces explican además "el retroceso que supondrá la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ya que en la misma no se contempla la educación en igualdad de sexos ni la formación para la prevención y resolución de conflictos como está previsto tanto en la Ley de Igualdad como en la Ley Integral".