En marcha una Iniciativa Legislativa Popular para poder elegir el sexo de los hijos

La han puesta en marcha el Instituto de Reproducción CEFER y la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción asistida. Nuestra legislación sólo permite la selección en caso de enfermedades ligadas al sexo como la hemofilia, el daltonismo o la distrofia muscular. Miles de parejas españolas acuden cada año a centros de reproducción asistida de EE.UU y México donde sí está permitido.

La Iniciativa legislativa Popular pretende que se elimine de la Ley sobre técnicas de Reproducción humana asistida de 2006, el apartado del capítulo 26 en el que se considera infracción muy grave la selección del sexo del bebé.

En la exposición de motivos hacen alusión a varias razones para autorizar la selección del sexo: que la prohibición está mermando uno de los derechos reproductivos de la mujer, que es un deseo legitimo preferir tener niña-niño, que no atenta contra los derechos de nadie ni de nada o que contribuiría al equilibrio numérico entre los dos sexos dentro de la familia.

"Lo que está ocurriendo ahora", nos ha dicho el Dr. David Marina Roncero, médico del Instituto de Reproducción CEFER de Barcelona: "es que sólo las parejas que tienen los recursos suficientes puede acudir al extranjero y someterse a esta técnica, una pareja que no tenga esos recursos no puede hacerlo porque la ley española no le deja".

Un tratamiento de Fecundación In Vitro cuesta alrededor de 3.000 euros, el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), técnica necesaria para conocer el sexo del embrión, 2.000 euros más. En España sólo se permite realizar DGP en casos de enfermedades ligadas al sexo como la hemofilia, el daltonismo o la distrofia muscular; O para seleccionar a aquellos embriones libres de un trastorno genético para salvar a un hermano que requiere un trasplante. Es decir, el DGP sólo se permite con fines terapéuticos.

"Este es un debate en el que debe primar la libertad individual, asegura el Dr. Marina, "la decisión de cómo quiero que sea mi familia es una cuestión mía y de mi pareja y por lo tanto es una decisión de la que no se debe apropiar ni el parlamento, ni el legislador, ni nadie. Y esto siempre ha sido así desde que la mujer consiguió, gracias a los anticonceptivos, poder escoger si tenía hijos o no, o cuántos quería tener. Desde ese momento hace uso de su libertad y esto es igual. Lo que pasa es que la gente no sabe que técnicamente es posible elegir el sexo de sus hijos y por eso no lo reclama. Tienen que saber que es parte de la libertad del ciudadano, que no atenta contra nadie y por tanto no ha lugar a prohibirlo."

Cambiar la ley evitaría, también argumenta la Iniciativa, la sangría económica que supone para el país la salida de miles de parejas españolas a centros reproductivos de países donde la selección de sexo de los hijos está legalizada.