La Audiencia condena a dos años y medio de cárcel al exalcalde de La Algaba por cochecho
José Luis Vega, de Izquierda Unida, exigió dinero a unos empresarios a cambio de una licencia de ocupación
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años y seis meses de cárcel al exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU-CA) por pedir a unos empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia. Licencia concedida contra el criterio de la oficial mayor del Ayuntamiento. Vega también tendrá que pagar una multa de 90.000 euros. La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado al ex primer edil por un delito de cohecho a siete años y seis meses de inhabilitación, mientras que lo absuelve del delito de prevaricación del que le acusó la Fiscalía.
El tribunal condena al ex concejal y coordinador de Alcaldía Antonio Muñoz Molina a nueve meses de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación y 67.000 euros de multa a cuenta también de un delito de cohecho en relación a estos mismos hechos.
Hay que recordar que la Sección Primera rechazó como prueba de cara al juicio la audición de la grabación de la conversación que mantuvo el condenado con unos empresarios de ''Arcopro S.L.'', todo ello después de que un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluyera ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.
la Fiscalía mantenía que Vega, alcalde de La Algaba entre 2003 y 2009, era "claramente consciente de que no se cumplían los requisitos urbanísticos para conceder la licencia de primera ocupación" a la empresa Arcopro, a pesar de lo cual el 16 de julio de 2008 concedió dos licencias de primera ocupación mediante sendos decretos y con el informe en contra de la oficial mayor del Ayuntamiento.
Según el fiscal, "este cambio de posición del acusado vino motivado porque había solicitado, de forma indebida y con ánimo de lucro propio, una cantidad de 60.000 euros para concederlas", aunque posteriormente rebajó su petición a 30.000 euros, a lo que los empresarios se negaron. Así, y ante la sospecha que el alcalde tenía de "haber sido grabado en alguna conversación, como así fue, y evitar la difusión pública, otorgó las licencias".
Las grabaciones no han sido tenidas en cuenta como prueba por su mala calidad.
