En libertad el directivo de JP Morgan reclamado por EE.UU por delitos fiscales de 6.000 millones
La Fiscalía ha considerado que el arraigo social estable, además de su nacionalidad española, eran motivo suficiente para no pedir el ingreso en prisión, a pesar de que EE.UU. reclamó su detención hace dos semanas a través de Interpol
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Fachada de las oficinas de JP Morgan en Nueva YorkReuters
El directivo Javier Martín Artajo se ha negado a ser extraditado después de su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional. El magistrado Santiago Pedraz le ha dejado en libertad a petición de la Fiscalía por su arraigo social en nuestro país. Aun así, el juez le ha impuesto algunas medidas cautelares para garantizar su presencia en el juzgado, entre ellas, la retirada de pasaporte y comparecer cada semana.
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El ejecutivo español Javier Martín-Artajo se ha entregado a primera hora de la mañana en la Comisaría Central de Canillas. Está acusado de estafa y delitos fiscales por su implicación directa en el agujero millonario de 6.000 millones de dólares en el banco JP Morgan. Estados Unidos había cursado una orden internacional de detención contra Martín-Artajo por su responsabilidad como director de la oficina europea del banco estadounidense al haber gestionado una cartera de derivados desde su oficina de inversión en Londres.
El fiscal general en el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, inició acciones legales por la vía penal contra el español, de 49 años, y el francés Julien Grout, de 35 años. Martín-Artajo está acusado de falsificar datos para ocultar a los inversores pérdidas por valor de 500 millones de dolares y entregar los documentos presuntamente falsificados al regulador bursátil.
Tras entregarse esta mañana en la Unidad de Fugitivos de la Policía Nacional, los agentes le han detenido y puesto a disposición la Audiencia Nacional en el Juzgado Central de Instrucción Número 1. Tras su comparencia ante el magistrado Santiago Pedraz, el directivo ya ha manifestado su intención de no ser extraditado. Martín-Artajo se enfrenta a penas de 25 a 60 años de prisión.
A partir de ahora comienza un periodo de 40 días en los que Estados Unidos deberá entregar el "material extradicional" para poder reclamar formalmente su extradición. En este sentido, fuentes jurídicas recuerdan que España no entrega a los nacionales, como tampoco hace Estados Unidos cuando España los reclama, como ocurrió con la extradición fallida de los militares que asesinaron en Irak al cámara José Couso. Aún así, existe la posibilidad legal de que las autoridades españolas entreguen a ciudadanos españoles a las autoridades norteamericanas.
