León de la Riva considera que los ciudadanos ya le han juzgado políticamente y le han absuelto

Por primera vez todos los concejales de la oposición (9 del PSOE y 3 de IU) han sumado sus firmas para solicitar un pleno extraordinario en el que pedirán la dimisión de Javier León de la Riva como alcalde de Valladolid por ser el máximo responsable en el caso de la manipulación del PGOU. Se celebrará a las 8:30, a primera hora de la mañana del próximo lunes 9

"Mi responsabilidad ha sido nula", declaró Javier León de la Riva, quien entiende que, en cualquier caso, "los ciudadanos de la calle lo han juzgado políticamente", en referencia al protagonismo de las urnas. Sin embargo, desde que se conoció el auto de imputación, el pasado 1 de agosto, no ha habido elecciones.

Mientras que el político popular presumía de haber quedado fuera de las acusaciones penales, la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Larena, anunciaba en Hora 14 Valladolid la presentación de un recurso para incluir en la lista de nuevos imputados al propio alcalde.

En la sesión plenaria, que se celebrará el próximo lunes, se debatirá cuál ha sido la actuación de la Administración municipal en este proceso jurídico, considerando que entre los imputados figuran el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el secretario del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino, y 10 funcionarios de alto nivel.

Además, propondrán en una segunda moción la dimisión de León de la Riva por acción o por omisión por este caso de corrupción, "el más importante que se ha dado en una capital de provincia de Castilla y León", según palabras de Oscar Puente, presidente del Grupo Municipal Socialista. Asimismo, consideró que los empleados públicos que serán procesados "han actuado al dictado del alcalde".

"Javier León tiene un lastre", apostilló Manuel Saravia, en respuesta a la posible utilización de este caso por parte del político del PP para avalar su candidatura en 2015.

Por último, los representantes de la oposición apuntaron a la "responsabilidad" del consejero de Fomento, Antonio Silván, por haber justificado en su momento estos delitos como "errores materiales".