Entre el derecho y la política

Yo estuve en Cataluña el pasado 11 de septiembre y bajé a la calle a las 17:14, la hora justa en que comenzó a formarse la cadena humana a favor de la independencia.

Miles de ciudadanos sonrientes, entusiasmados y felices de formar parte de algo grande. Mayores, jóvenes, niños, familias enteras que se miraban con complicidad y coreaban cada nuevo eslogan que se hacía oir.

No hay nada más sugestivo ni más fácil de entender que el llamado principio democrático: nada más legítimo que el deseo respaldado por una mayoría. Y en Cataluña, nos dicen las encuestas, un ochenta por ciento de sus ciudadanos desean ser preguntados por la independencia. Suena impecable y simple. Pero no es tan simple.

Ese principio democrático solo se entiende dentro de unas reglas del juego mucho más complejas. Es muy fácil de entender. Todo el mundo tiene derecho a hacerse trampas en el solitario pero nadie puede, por su cuenta, saltarse las reglas del mus o del póquer cuando juega con otros.

El principio democrático es un mecanismo de legitimidad que debe encajarse en un engranaje superior: el orden constitucional, el imperio de la ley y el respeto a las minorías, el derecho internacional y en nuestro caso el derecho comunitario.

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Ya se sabe que el derecho, bien argumentado, sirve para defender una cosa y su contraria. Pero en este caso la argumentación llega hasta donde llega. Una consulta independentista no sería hoy legal. Es incluso discutible que el gobierno de Rajoy tuviera autoridad para negociar un acto claramente inconstitucional.

Y visto el resultado decepcionante para CiU que supusieron las últimas elecciones autonómicas, tampoco está nada claro que la voz de Mas sea la que pueda negociar, ni en nombre de los centenares de miles de catalanes que encadenaron sus manos en la pasada Diada, ni mucho menos en nombre de los también centenares de miles que decidieron no hacerlo.

Así que, descartado el derecho, volvemos donde todo empieza: la política.

Rajoy tiene que ir a Cataluña y, ante un auditorio amplio y representativo de la sociedad, reconocer un sentimiento expresado en la calle por un amplio número de ciudadanos y ofrecer su voluntad de abordar el asunto de modo franco y directo.

Mas tiene que cumplir con sus obligaciones institucionales. En vez de cabalgar la ola mientras guarda la ropa debe explicar a los catalanes qué dice la ley y qué está dispuesto a hacer para intentar cambiarla, dejando claro que mientras tanto la cumplirá. El y todos.

Y todo esto debe hacerse mientras se abre el diálogo al resto de fuerzas políticas, especialmente al PSOE, que lleva meses preparando una propuesta de reforma constitucional prudente y templada que no se puede despachar con displicencia de tertulia de Tdt.

Estos días se habla mucho de la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, y de las reglas que estableció para el referéndum por el que Quebec se pronunció sobre su independencia de la confederación.

Es interesante rescatar la última reflexión de aquel pronunciamiento: "Aunque no existe, ni bajo la Constitución ni bajo el derecho internacional, el derecho a la secesión unilateral, la posibilidad de que una declaración inconstitucional de secesión conduzca a una secesión de facto no puede descartarse. El éxito final de una secesión así dependería del reconocimiento por parte de la comunidad internacional".

Es decir, que solo la política, y no la ley, puede intentar darle la vuelta a una idea a la que muchos creen, con razón o no, que le ha llegado su tiempo.