La jueza Alaya impone una fianza de 46 millones de euros al exviceconsejero de Presidencia en concepto de responsabilidad civil

La jueza que investiga los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 46 millones de euros a Antonio Lozano, exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos. Una fianza en concepto de responsabilidad civil para asegurar posibles perjuicios causados a las arcas públicas. Lozano está imputado por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos, por haber tramitado doce expedientes de modificaciones presupuestarias por valor de 57 millones de euros para la partida con la que se pagaban las ayudas sociolaborales.

La cifra es redonda, 46.666.666 millones. Es la fianza en concepto de responsabilidad civil que la jueza que investiga los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado para el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la JUnta, Antonio Lozano. Fianza porque "pudo o debió conocer" el uso de la transferencia de financiación para pagar lo que era subvenciones a empresas. Y también porque tramitó modificaciones presupuestarias cifradas en 57 millones para pagar los ERE lo que ocasionó déficits millonarios, según Alaya. Y como ejemplo, 94 millones en 2005.

La jueza Alaya, en cambio, no impone ninguna fianza civil al ex interventor, Manuel Gómez, que está imputado. Por dos razones, explica, porque ninguna parte lo solicitó y porque puso en conocimiento de sus superiores el uso ilícito de las transferencias de financiación para conceder subvenciones.

Tampoco impone finaza a María José Rofa, secretaria de la Dirección General de Trabajo, por la contribución que ha realizado para el esclarecimiento de los hechos.

Por otro lado, la magistrada permite a los abogados defender a más de un imputado. con la advertencia de que existe "la posibilidad de que entre algunos de los imputados asistidos por el mismo letrado puedan realmente existir intereses contrapuestos".

Las acusaciones del PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias pidieron para Lozano una fianza de responsabilidad civil para el imputado de 76 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar. Será la magistrada la que decida dentro de unos días.

Antonio Lozano ha explicado, en su interrogatorio, que él sólo tramitaba las modificaciones presupuestarias pero ni las proponía ni las aprobaba. También ha explicado que no tenía por qué saber cuál era el destino final de las transferencias de financiación con las que se pagaban los ERE. Transferencias de financiación que, según él, estaban aprobadas por el Parlamento andaluz en las leyes presupuestarias.

Lozano, eso sí, ha reconocido que no se podían pagar ayudas sociolaborales con transferencias de financiación porque se trataba de subvenciones.

El exviceconsejero de presidencia y exdirector general de presupuestos ha contestado a ocho preguntas y luego se ha acogido a su derecho a no declarar porque ha entendido que la jueza Alaya con su forma de interrogar estaba vulnerando sus derechos a declarar, como imputado, lo que quiera, sin ser interrumpido y sin que se interpreten sus respuestas. Antonio Lozano se ha acogido a su derecho cuando Alaya le ha dicho que estaba haciendo teatro con sus referencias constantes a la merma de sus garantias. Previamente la magistrada había reconvenido al letrado de la defensa, José María Mohedano, e incluso le había pedido que se separase físicamente de su defendido para evitar, según ella, que le llamara la atención tirándole de la chaqueta. La jueza ha llegado a decirle a Mohedano que jugara "limpio".

Mercedes Alaya tampoco ha atendido la petición de del letrado de que se grabara la declaración. La magistrada cree que es suficiente con la fe pública que levanta la secretaria judicial y argumenta que la grabación "aumentaría la expectación mediática".