La investigación descarta el enriquecimiento personal de los sindicalistas detenidos
La Guardia Civil descarta que los principales altos cargos de los sindicatos CCOO y UGT implicados en los falsos ERE se hubieran enriquecido
(Guardia Civil)
Las pesquisas se centran en la posible financiación irregular. El hecho de que hubieran utilizado sus puestos orgánicos para cobrar sobrecomisiones de los ERES que acababan en la organización sindical no implica que se hubieran lucrado con ello, como apunta la instrucción.
La Guardia Civil descarta que los principales altos cargos sindicales detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles se quedaran con parte de las comisiones de los ERE. El exsecretario de desarrollo industrial de CCOO Roberto Carmona y el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, no se habrían lucrado personalmente con la tramitación irregular de los expedientes.
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Su papel apunta eso sí, a la posible financiación irregular. Según fuentes de la investigación, ambos líderes habrían utilizado el mismo modus operandi. Salvador Mera de UGT y Roberto Carmona de Comisiones habrían recibido el dinero de la mediadora Uniter por negociar los ERE. Facturas ficticias que ocultarían sobrecomisiones infladas y a través de empresas vinculadas y participadas por el sindicato se transfieren después a la organización.
Los agentes de delitos económicos intentan averiguar en concepto de qué recibían ese dinero. Los dos líderes sindicales hicieron uso de su derecho a no declarar ante la Guardia Civil.
La instrucción en esta segunda fase de Heracles se centra en Enrique Rodríguez, por su posicionamiento, vinculaciones y posible conocimiento del sistema de fraude, apuntan estas mismas fuentes.
Pasadas 48 horas de la explotación de la operación Heracles, los agentes de la UCO continúan tomando declaración a los detenidos. Los interrogatorios están basados en los indicios que motivaron las detenciones. Pero además, los agentes preguntan a los detenidos por distintos documentos de interés requisados en los registros, en particular, contratos que acreditarían la comisión de los presuntos delitos investigados y confirmarían la relación de los altos cargos políticos y sindicales con las mediadoras de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por las que harían cobrado sobrecomisiones.
