Una Ley de mínimos para los consumidores
Las principales asociaciones de usuarios se posicionan a favor de la nueva Ley general de consumidores y usuarios a la que califican de "tímido" paso adelante
Imagen de un usuario con su teléfono móvil.(EFE)
La nueva Ley de Consumidores y Usuarios comienza su andadura en el Congreso con las asociaciones de consumidores a favor, pero visiblemente molestas por el poco interés del Gobierno en legislar la materia y al que obliga a hacerlo una directiva comunitaria.
El Gobierno central (aprobó este viernes en Consejo de Ministros ) el proyecto de ley de reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios para modificar, fundamentalmente, todo aquello que se relaciona conla compra electrónica y telefónica.El Gobierno ya estudió el pasado mes de abril el anteproyecto de la ley que, entre otras cuestiones, recogía que las líneas telefónicas '902' tengan una tarificación básica.
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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, explicó en qué consistirá la nueva ley de Consumidores y Usuarios centrada en"la defensa de los consumidores como una de las prioridades del ministerio".Mato cree que la ley no ha hecho más que responder a las necesidades y crecimiento constante de unos sectores como son los de la telefonía, las telecomunicaciones y las energías. "Se trata de evitar las situaciones de desprotección para el usuario, pero también buscando beneficiar a los empresarios y ampliar la información para los consumidores, sobre todo en los contratos a distancia o fuera de los establecimientos", especificaba la titular de Sanidad.
Según datos del Ministerio, más de 400 mil reclamaciones del total presentado en el 2012, corresponden a estos sectores. En este contexto, la ministra entiende que "era urgente desarrollar un marco normativo claro para proteger a los consumidores" y así se han centrado en puntos claves como ampliar la información que se tendrá que dar a los consumidores cuando se hagan contratos a distancia, o en palabras de Mato,"eliminar la letra pequeña".
Además se regulará el derecho a "renunciar o desistir" en estos contratos con un plazo mínimo de 14 días. En caso que el consumidor o usuario no fuera debidamente informado, dicho plazo se ampliaría. Aparecen nuevos derechos para los consumidores como por ejemplo los relacionados con la entrega de bienes adquiridos.
También se ha regulado la contratación telefónica de servicios. Cuando la empresa se ponga en contacto por teléfono, tendrá que presentarse la oferta también por escrito. No será vinculante sin la firma en un soporte del consumidor.
Desde las principales asociaciones de consumidores y usuarios, estas medidas en general de manera positiva, pero creen que se han dejado aspectos importantes por regular y que el Gobierno se limita a legislar por obligación con la Unión Europea más que por iniciativa propia. En Ser Consumidor hemos consultado a las principales asociaciones de consumidores del país y esto es lo que opinan sobre la nueva Ley.
Ileana Izerviceanu, portavoz de OCU
"Se han limitado a cumplir el expediente"
Es un avance moderado porque se ha perdido la oportunidad de ir más allá que la directiva europea. Digamos que el Gobierno se ha limitado a cumplir el expediente. Se ha dejado de lado asuntos tan básicos para el consumidor como garantías, proteger al consumidor frente a insolvencias de empresas, derechos a recibir factura off line. En España sobran normas y faltan controles serios y eficaces y sanciones disuasorias. El consumidor vive en dos realidades paralelas: la teoría que dicta la ley y la práctica, en la que esa misma ley se incumple.
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA
"Otra ley susceptible de incumplirse"
Se trata de un avance muy pequeño con respecto a la legislación actual. El Gobierno se ha limitado a cubrir el expediente que venía desde Europa y lo ha vendido como algo grandilocuente y de iniciativa propia, algo que es más típico la publicidad engañosa que sufrimos los consumidores. Pero estamos muy disgustados por las formas, ya que en ningún momento el Ejecutivo se ha puesto en contacto con ninguna asociación de consumidores para consensuar la norma o pedirnos opinión. En definitiva esta ley no cambiará mucho el panorama anterior, donde es muy fácil que las grandes empresas cometan fraudes y abusos continuados de millones de euros con multas de tan solo miles, lo que seguirá permitiendo que salga rentable cometerlos.
Francisco Ferrer, miembro de UNCCUE
"Las modificaciones son beneficiosas para el consumidor"
La reforma de la Ley es un acierto, sin duda, porque lo que hace es adaptar nuestra legislación a una Directiva europea del año 2011 que contiene una serie de medidas que todos los Estados miembros han de aplicar a partir del 13 de Junio de 2014. Pero no se trata, por tanto, de una iniciativa nueva sino de algo que había que hacer porque lo marca Europa. Las modificaciones que se operan son importantes, y además en un ámbito fundamental hoy en día como es el comercio electrónico, en aras de una mayor seguridad jurídica del consumidor, aunque también es cierto que algunos temas no están demasiado claros pero ello no quita que las modificaciones y novedades sean muy beneficiosas para el consumidor.
David Hurtado, responsable de comunicación de CECU
"Las cláusulas y prácticas abusivas se han quedado fuera"
Se trata de una oportunidad perdida. Algunas de las novedades ayudarán a mejorar algunos aspectos que hasta ahora presentaban ciertos problemas, por ejemplo en relación con las ventas a distancia, pero, tratándose de una Ley General de Protección de los Consumidores, creemos que hay muchos aspectos de calado que se quedan fuera, como las cláusulas y prácticas abusivas, la situación del sector eléctrico o los propios Servicios de Atención al Cliente de las empresas de servicios, entre otros. Además, consideramos que para la aprobación de este tipo de legislación el Consejo de Consumidores y Usuarios, máximo órgano de representación de los consumidores, debería haber tenido un papel más profundo que el que ha tenido.
José Carlos Cutiño, Secretario general de IUREXCON
"Mejoran la posición legal del consumidor"
Evidentemente, todo cuanto no sea una merma en la protección de los consumidores constituye un avance, y esta reforma lo es. Cabría pensar que la reacción es tardía, por cuanto las deficiencias legales en materia de contratación a distancia, información sobre precios o derecho de desistimiento son tan antiguas como la propia modalidad de contratación, pero a día de hoy mejoran la posición legal del consumidor, y eso es importante. Otra cuestión es si es suficiente, si se cuenta con los medios necesarios para hacer cumplir esta nueva regulación o si se podría haber avanzado más, pero la realidad demuestra que la norma siempre corre tras la realidad.
