La jueza Alaya imputa prevaricación y malversación al exinterventor de Empleo
La jueza Alaya ha imputado los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al exinterventor de la consejería de Empleo, Juan Luque. Ninguna de las acusaciones ha pedido fianza civil para él. Luque ha manifestado que si hubiera conocido el informe de la Intervención General de 2003 donde se hacían reparos al uso de la transferencia de financiación para conceder subvenciones, él hubiera emitido un informe que habría acabado con esa fórmula para pagar los ERE.
Luque Alfonso se encuentra entre los veinte exaltos cargos de la Junta imputados en el caso de los ERE junto a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y, en su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil sobre las llamadas transferencias de financiación usadas para pagar las ayudas.
Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que Luque ha declarado que, de haber conocido el informe del 2003 del interventor general de la Junta, habría emitido informes negativos y "suspensivos" de los pagos.
Ha declarado que sus superiores deberían haberle informado de tales reparos, pero también ha matizado que no existían normas escritas al respecto, como manifestó ante la Guardia Civil.
Preguntado por su afirmación ante la Guardia Civil de si se había sentido "presionado" en los informes que emitía, ha señalado que "no presionado pero sí urgido", aunque ha añadido que "eso es normal pues los gestores administrativos siempre intentan acelerar el proceso".
Al término de su declaración, que ha concluido pasadas las 16 horas de hoy, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medidas cautelares, personales ni civiles, contra el imputado y las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias se han adherido a lo que resolviese la juez.
