El Supremo se prepara para enjuiciar a una senadora del PSOE por prevaricación
La Sala pregunta a la Fiscalía y a las partes si debe abrir juicio oral contra la senadora Elena Diego por presuntamente adjudicar dos contratos "a dedo" cuando era alcaldesa de Villamayor
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha transformado a procedimiento abreviado la investigación que se sigue contra la senadora del PSOE y exalcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor, Elena Diego, por presuntamente adjudicar dos contratos público "a dedo" en 2008. Para los jueces del alto tribunal, la ahora senadora "aprobó la contratación obviando el acceso igualitario a la función pública".
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha preguntado a la Fiscalía y a los denunciantes si debe abrir juicio oral contra la senadora del PSOE y exalcaldesa de Villamayor, Elena Diego, por presuntamente adjudicar dos contratos públicos "a dedo" cuando estuvo al frente del consistorio de esta localidad salmantina en 2008. Para los jueces del alto tribunal, existen indicios de que la senadora podría haber incurrido en delitos de prevaricación por haber maniobrado para que dos mujeres obtuvieran un puesto de trabajo como monitoras en el Ayuntamiento de Villamayor sin que una de ellas ni siquiera se hubiera presentado al concurso de adjudicación.
En su auto de transformación a procedimiento abreviado, los jueces detallan que Diego "aprobó la contratación obviando la tramitación de cualquier tipo de expediente, sin respetar los principios de mérito y capacidad y acceso igualitario a la función pública", todo esto, según el escrito, "pese al informe del Interventor advirtiéndole de las irregularidades y llegando a pagar una retribución superior a la correspondiente durante varias mensualidades" en uno de los casos.
Elena Diego fue denunciada ante el Tribunal Supremo por la asociación 'Plataforma de Defensa de Villamayor', acusada de haber adjudicado este contrato a dos personas cuando era alcaldesa: una no se había presentado al concurso y la otra sí, pero no había sido elegida por el tribunal calificador. Todo, siempre según los denunciantes, a pesar de los informes del Interventor que "censuraba la retribución mensual asignada", que según explican superaba a la que le correspondía.
Ahora el Tribunal Supremo da por concluida la fase de investigación y pregunta a la Fiscalía y a la acusación popular si debe sentar en el banquillo a la senadora y exalcaldesa, así como también a un concejal del consistorio de Villamayor que habría instado la contratación presuntamente injusta de una de las dos mujeres.
