División en el Poder Judicial por el Estatuto de las Víctimas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, con 8 votos contrarios del total de 21 miembros que componen el pleno (20 vocales y el presidente), el informe preceptivo sobre el Estatuto de las Victimas de Delito aprobado por el Consejo de Ministros. En el pleno de este viernes también se ha dado luz verde a los informes sobre el Reglamento de Asilo y la Ley de Servicios Profesionales.

El informe redactado por el vocal Juan Manuel Fernández sobre el Estatuto de las Víctimas de Delito ha salido adelante, pero no sin polémica. El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha dado luz verde a este informe preceptivo sobre el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en octubre, pero lo ha hecho con 8 votos en contra del total de 21 miembros (20 vocales y el presidente), aunque según fuentes jurídicas sólo 7 de estos vocales formalizarán un voto particular contrario.

Se trata del informe preceptivo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que hacer sobre este anteproyecto de Ley del Estatuto de las Víctimas de Delito, con unas recomendaciones del órgano de gobierno de los jueces que el Gobierno podrá estudiar y tener en cuenta para posibles modificaciones antes de su entrada en vigor. El informe aprobado este viernes había sido redactado por el vocal Juan Manuel Fernández, y hacía una valoración positiva del anteproyecto, aunque realizaba algunas propuestas: aumentar el protagonismo jurídico de las víctimas en la ejecución de las condenas, y también otorgar el reconocimiento de víctimas de la violencia de género a los hijos menores de edad de las víctimas de este tipo de violencia. El órgano de gobierno de los jueces también avala que, en el caso de las víctimas menores de edad o con discapacidad, su declaración durante la fase de investigación sea grabada y visionada posteriormente en el juicio oral.

Este viernes el pleno del Poder Judicial también ha dado luz verde a los informes preceptivos sobre otras dos Leyes: el Reglamento de Asilo y la Ley de Servicios Profesionales. A este respecto, según informa el Consejo, propone ampliar la asistencia letrada a los solicitantes de asilo y protección, y también mantener la incompatibilidad de las funciones de abogado y procurador.