Denuncian a una empresa gallega por violar los derechos de los indígenas

Este viernes se ha presentado ante el Ministerio de Exteriores una campaña de recogida de firmas para denunciar los abusos y violaciones desatados por el proyecto de la empresa gallega Hidralia en un municipio indígena de Guatemala

Las organizaciones han sido recibidas por el Director para América Latina del ministerio de asuntos exteriores, al que han entregado las firmas recogidas durante su campaña para que se respete la voluntad de la población local.

La población local rechazó el proyecto en una consulta

Hidralia es una empresa gallega presente en varios países latinoamericanos. En el 2008 llegó a Guatemala para construir una central hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas, provincia de Huehuetenango. Desde el primer momento las comunidades indígenas locales se opusieron al proyecto. Realizaron una consulta popular en la que participaron cuarenta y seis mil personas y cuyo resultado fue un rechazo total al proyecto. Pese a ello, y con el apoyo del gobierno, Hidralia siguió adelante, lo que provocó la movilización social de las comunidades.

En estos años de lucha dos líderes locales han muerto asesinados, varios han sido encarcelados y otros muchos amenazados o golpeados. Miembros del equipo de seguridad de Hidralia llegaron a ser juzgados por el asesinato de uno de los líderes, Andrés Pedro Miguel, pero fueron absueltos. "Las pruebas estaban, pero la justicia de Guatemala es bastante injusta, se cimenta en bases de discriminación y racismo", apunta Estuardo Álvarez, de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

El ejército guatemalteco ocupó el municipio, en el que se decretó el estado de sitio en el año 2012 para tratar de aplacar las protestas. La presencia del ejército dio lugar a nuevas violaciones de los derechos humanos. "Es pelear contra un monstruo de mil cabezas", explica Estuardo Álvarez, "y ese monstruo está avalado por el gobierno guatemalteco y cuenta con la complicidad de los jueces".

Piden al gobierno español que no sea cómplice de las violaciones de derechos humanos

Ahora varias ONG, entre ellas las Plataformas de solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid y Barcelona o ACSUR Las Segovias, han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de España que tome cartas en el asunto, "ya que de no hacerlo se hacen cómplices de una empresa que no duda en usar las armas para imponer su voluntad y garantizar su enriquecimiento". Estuardo Álvarez recuerda que España jugó un papel muy importante en el proceso de paz. "Por eso indigna que España ahora no asuma un papel más tajante cuando sus empresas violan derechos humanos en Guatemala. Al arroparlas", concluye, "arropan las violaciones de derechos humanos".

Según Intermón Oxfam, Hidralia "ha hecho uso de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema judicial para desarticular el movimiento organizado de resistencia a su proyecto. Ni siquiera", continúa un informe elaborado por esta organización, "el asesinato de un vecino y las heridas a otros dos por parte de personas vinculadas directamente a la empresa han hecho que se ponga freno al proyecto. En lugar de ello, todo indica que se está produciendo una persecución desde las instituciones de justicia guatemaltecas dirigida contra todo aquél que suponga un obstáculo a la inversión".