La Fiscalía pide la imputación del Barça por un delito fiscal de más de nueve millones de euros

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene que el club de fútbol no habría tributado por 37.9 millones correspondientes al fichaje del astro brasileño. El posible delito fiscal ascendería a 9.100.800 euros y el Ministerio público reclama al juez Ruz la imputación del Barça en la causa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, tal y como avanzó la Cadena SER, abrió una investigación ante las sospechas de que el FC Barcelona hubiera incurrido en un delito fiscal con el fichaje del jugador brasileño Neymar, e indiciariamente las ha confirmado, por lo que pide la imputación del club de fútbol por fraude fiscal.

En su escrito dirigido al juez Ruz, que ya admitió la querella de un socio del club contra el expresidente Sandro Rosell por el fichaje, el Ministerio Público sostiene que hay sospechas de que el Barça realizó "contratos simulados" y "operaciones de ingeniería financiera", mediante los que se pretende cometer "el engaño a la Hacienda Pública".

Según el relato del fiscal, constan "hasta nueve contratos diferentes en los que se acuerda el abono de cuantiosas cantidades a sociedades que giran en la órbita del jugador", ya que en todas interviene en su representación "el padre del mismo".

El fiscal dice que "como mínimo" ha detectado que en 2011 el Barça no habría tributado 10 millones de euros correspondientes al fichaje del jugador, y tampoco otros 27.920.000 euros correspondientes a 2013. Por ello, la Fiscalía dice que "como mínimo debe investigarse la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública" por un importe de "9.100.800 euros".

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En su auto de admisión a trámite de la querella, el juez Ruz sostuvo que las cuentas del Barça no están claras. El magistrado detalló que existen "elementos suficientes" para la admisión a trámite de la querella del examen de su contenido y "muy especialmente" de la documentación que le fue requerida al Fútbol Club Barcelona. Porque en las cuentas del club "no se hace referencia al gasto" que suponía la cláusula de penalización de 40 millones que según el contrato pagó; y tampoco cuantifica los gastos derivados del fichaje. Tampoco consta, dice el juez, la cantidad concreta que se ha abonado al club de origen por la adquisición de los derechos federativos de Neymar "ignorándose los conceptos que en realidad integrarían el importe total de la transacción económica".

"Simulación contractual"

Del análisis de los contratos, y tras informe de la Fiscalía, el juez concluyó "de forma provisional" en su auto que "se produce la mutación de lo que era un contrato en una cláusula de penalización del mismo" por 40 millones. Además, el Barça pagó en 2011 un total de 10 millones de euros "como préstamo sin intereses" a la sociedad N&N del padre del jugador y de su madre, que para los investigadores, en vez de ser un préstamo, "constituía una garantía del futuro contrato". Esto podría apuntar, según el magistrado, a una "simulación contractual", que "pudiera evidenciar una falta de correspondencia entre la causa y la finalidad real de los compromisos y obligaciones económicas en aquellos documentados con el título nominal y apariencia formal de los contratos suscritos".

El juez estima "a priori como verosímil" la calificación de los hechos relatados en la querella como un "posible delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción, ello sin perjuicio de su ulterior calificación una vez analizada la real trascendencia jurídico penal de los referidos hechos". En este punto, tal y como avanzó la Cadena SER, el juez dejaba la puerta abierta a otros posbles delitos, y principalmente al fraude fiscal. Y esto es lo que ha confirmado ahora la Fiscalía con su petición.

Diligencias

En su auto, Ruz pidió a la FIFA la documentación que tenga sobre el fichaje; al jugador que remita el contrato con la empresa de su padre; a Brasil los contratos de traspaso y trabajo del jugador. Además, solicitó al club los contratos que sustentan el pago de los 7.9 millones de euros por los derechos de tres jugadores juveniles del Santos, así como que los contratos que sustentan el pago de 9 millones por jugar dos partidos contra el club brasileño.

También rechazó la personación del Barça como perjudicado porque el propio club negó en su escrito "daño o perjuicio" alguno "derivado de los hechos objeto del procedimiento". Por tanto, si no se considera perjudicado, no puede personarse como tal. Una situación parecida a la que provocó la expulsión del PP en el caso Gürtel por parte del mismo magistrado.

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