El fondo social de viviendas del Gobierno no funciona
Los difíciles requisitos para acceder a uno de sus pisos hace que más de 1.000 peticiones hayan sido rechazadas en su primer año de vida
El fondo social de viviendas creado por el Gobierno y la banca no termina de arrancar por el estrecho filtro que hay que pasar para hacerse con uno de sus pisos, según consideran los propios bancos implicados. En su primer año de vida, el fondo, que cuenta con casi 6.000 viviendas, ha concedido 640, aunque se han suscrito menos de 200 contratos de alquiler y más de 1.000 personas han visto rechazada su solicitud.
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En el primero de sus dos años de vida (el convenio tiene una vigencia de dos años desde su suscripción), el fondo ha concedido la décima parte de los pisos que posee. Según datos del Ministerio de Economía, se ha dado el sí al alquiler social de 640 viviendas, aunque de momento sólo se ha firmado contrato de arrendamiento en 169 casos. Al menos a 1.098 solicitantes se les ha denegado un piso por no cumplir los requisitos, de acuerdo a los últimos datos disponibles.
Entre ellos, Naiara Cebrián, parada de 26 años y con una niña de 5. "Estoy en el paro, no cobro ninguna ayuda, sólo la de tener un menor a mi cargo. Llegué al extremo de okupar una casa cuando me quedé sin trabajo", cuenta. Tras pedir sin éxito un piso en alquiler al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), optó por solicitarlo directamente "a todos los bancos y todavía no me han contestado", lamenta. Ahora okupa un piso de Bankia y asegura que les ha demandado hasta en tres ocasiones el pago de un alquiler social, pero siempre se lo rechazan. "No me explican por qué me niegan el alquiler social", sostiene.
Fuentes de varios bancos consultadas coinciden en que el fondo social de viviendas "no está funcionando". También ofrecen la misma explicación: "Es difícil cumplir las condiciones que exige el Gobierno para optar a una de las viviendas". Desde Economía, por su parte, no dan explicaciones de la escasa repercusión de esta iniciativa.
El convenio del fondo determina que el beneficiario tiene que haber sido desahuciado de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 y debe acudir a la misma entidad que activó el lanzamiento. Con bajos ingresos (el conjunto de la familia no puede ingresar más de tres veces el IPREM), tiene que tratarse de una familia numerosa, o estar sólo/a con al menos dos hijos a cargo, o tener un niño de hasta tres años, o que el desahuciado esté en paro y haya agotado todas las prestaciones por desempleo.
El 17 de enero de 2013, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentó este fondo con la voz entrecortada por la emoción. Ese día, representantes de los 33 bancos que cedieron los pisos, del Banco de España, de la Federación de Municipios y Provincias y del Gobierno, entre otros, firmaron el convenio por el que se ponía a disposición de las familias desahuciadas un parque de 5.891 viviendas cuyos alquileres oscilarían entre 150 y 400 euros mensuales. La fecha límite para realizar las primeras entregas era el 15 de mayo del año pasado.
De las 5.891 viviendas cedidas por los bancos, la mayoría, 1.000, son de Bankia; seguidas de las 900 de BBVA; 850, de Caixabank; 441, de Banco Santander; 355, de Catalunya Banc; y las 336 que pertenecen al Banco Popular, entre otras. La mayor parte de los pisos se encuentran en la periferia de las ciudades y en zonas costeras, no tienen más de 85 metros cuadrados y están valoradas en menos de 100.000 euros.
