Más de 100.000 alumnos perderán las ayudas con el nuevo decreto de becas
Un estudio sobre financiación universitaria calcula que con los nuevos requisitos perderá la condición de becario el 40% de los alumnos que la tenían en 2011-2012
El estudio de la Fundación Europea Sociedad y Educación cuestiona la eficiencia económica y social de la subida de tasas ya que la financiación autonómica a las universidades se ha recortado en 900 millones mientras que el incremento de precios públicos sólo ha supuesto 300 millones de euros. Los autores del informe proponen un refuerzo de las becas y un acceso igualitario para todos los alumnos en términos de rendimiento académico, vinculando el pago de las tasas a la renta.
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La crisis hace que cada vez más alumnos tengan derecho a una beca por motivos económicos pero la elevación de los requisitos académicos del nuevo decreto del ministro Wert está sirviendo como un dique de contención que impedirá que muchos alumnos con pocos recursos logren acceder a una ayuda económica para estudiar.
El estudio "Crisis fiscal, finanzas universitarias y equidad contributiva", elaborado por los expertos en financiación universitaria, Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, apunta a una caida drástica en el número de becados en España. La estimación -señala textualmente el informe- es que "más del 40% de los 225.000 estudiantes de las universidades públicas que tenían en el curso 2011-12 la condición de becarios perderán este beneficio con los nuevos requisitos introducidos en el curso 2013-2014". Los autores desglosan esa reducción entre los 25.000 alumnos que quedarán fuera de la exención de tasas al no alcanzar el 5,5 de nota mínima y los 83.000 que se quedarán sin las becas que suponen dotación económica al no llegar al 6,5 de nota de acceso.
Además, añade el estudio, "la incertidumbre e inseguridad que introduce el nuevo diseño de ayudas -fijas y variables- en nada favorece la transparencia y la eficacia que reclama el sistema de gestión de las becas, con lo que en muchos casos motivará la salida de estas personas del sistema universitario dada la insuficiente capacidad económica de sus familias".
El estudio considera que el nuevo decreto responde a razones de índole ideológica, más que económica y compromete seriamente la igualdad de oportunidades al exigir más rendimiento académico sólo a quienes tienen menos recursos. En ese sentido, la propuesta de los autores, en un contexto de contención del déficit,, pasa por exigir los mismos requisitos académicos a todos los alumnos para garantizar la equidad en el acceso y, en todo caso y como último recurso, plantear unas tasas diferenciadas en función de la renta, haciendo que paguen más quienes tienen más recursos. Dos medidas que deben ir unidas a una mejora y potenciación del sistema de becas, a la que España destina en la actualidad sólo un 0,11% del PIB frente al 0.31% de la media de la OCDE. "Si no hay más remedio que movernos en un contexto de limitación de recursos públicos, creemos que la prioridad clara debe ser el mantenimiento de la igualdad de oportunidades en el acceso y no exigir más a quienes menos tienen", señala José Antonio Pérez García, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hacer un curso de Medicina en la Universidad de Barcelona cuesta 1.620 euros más que en Granada
El estudio se detiene también en las consecuencias del nuevo marco de subida de tasas universitarias, que han dificultado el pago de las matrículas a muchas familias golpeadas por la crisis. Al margen de ese impacto social, los autores del informe señalan que esa subida de las tasas -que ha supuesto 300 millones de euros- no ha servido ni de lejos para compensar el recorte de 900 millones en la financiación de las comunidades autónomas a las universidades. Además, el incremento de precios ha tenido un segundo efecto que podría prolongar la estancia media de los alumnos en las universidades ya que muchos alumnos están reduciendo el número de créditos en los que se matriculan.
El informe también señala que esa subida de tasas permitida por el Gobierno ha supuesto un "distanciamiento desmesurado de la brecha existente en los precios públicos entre comunidades autónomas". En este sentido el estudio pone un ejemplo ilustrativo: un estudiante de Medicina matriculado en la Universidad de Barcelona ha pagado 1.620 euros más que otro alumno matriculado en la Universidad de Granada sin que puedan argumentarse razones objetivas en la prestación del servicio que justifiquen esas diferencias.
A modo de conclusión, el estudio reclama la ampliación de la financiación pública y privada de las universidades, recuperando el 1% del PIB en servicios educativos (que ha caido hasta el 0.80) y alcanzar el 0.5% del PIB en I+D+I, (que ha retrocedido hasta el 0.30). El informe también pide que aumente el grado de autonomía de las universidades permitiéndoles la fijación de precios de sus servicios universitarios docentes y el desarrollo de programas propios de becas y ayudas a los estudiantes más comprometidos.
