El Consejo de Estado reprocha la falta de impacto económico en los decretos de la ley Wert
El dictamen echa en falta una justificación de la supuesta reducción del abandono escolar con los nuevos currículos de Primaria y FP Básica
En su dictamen el órgano consultivo recoge las objeciones emitidas por el propio ministerio de Hacienda que "informó desfavorablemente" sobre los cálculos económicos del departamento de José Ignacio Wert para la etapa de Bachillerato, argumentando que "no es posible determinar si el ministerio de Educación dispondrá de los créditos necesarios en los ejercicios presupuestarios en los que se pondrá en marcha la reforma".
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La reforma educativa vuelve a tropezar con las cuestiones económicas. En su dictamen sobre los Reales Decretos de desarrollo curricular de la ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, el Consejo de Estado denuncia "la falta de un cálculo específico sobre el impacto económico del proyecto", que no puede limitarse al mero coste de la realización de la prueba final de la Educación Primaria".
El dictamen recuerda al ministerio de José Ignacio Wert que los proyectos normativos deben ir acompañados de un estudio económico suficiente, que permita valorar el impacto de esa índole que pueda tener la iniciativa normativa concreta.
Además, el Consejo de Estado recomienda incluir una valoración de los efectos del proyecto sobre el abandono escolar, incorporando también una perspectiva de género, especialmente en el acceso a la FP Básica, ya que este tipo de estudios registran una matrícula desigual entre alumnos y alumnas.
Montoro cuestiona los números de Wert
El informe del Consejo de Estado pormenoriza también las objeciones planteadas por la propia Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas al "informar desfavorablemente el Proyecto". El ministerio de Montoro cuestionó la existencia en la memoria de análisis de impacto normativo de "una justificación suficiente del supuesto ahorro derivado de la compactación del Bachillerato (que se cifra en 92 millones de euros), que determine un impacto económico final de 142 millones. Hacienda llega a señalar en esas objeciones que "no es posible determinar si el ministerio de Educación dispondrá en los ejercicios presupuestarios en los que se pondrá en marcha la reforma educativa de los créditos necesarios".
Finalmente, el ministerio de Educación acordó con las comunidades autónomas "trocear" los decretos y aprobar en primer lugar sólo los de Primaria y FP Básica, que entran en vigor el próximo curso, posponiendo a más adelante los correspondientes a ESO y Bachillerato que no comenzarán a implantarse en las aulas hasta el curso 2015-2016.
El Consejo de Estado recomienda al ministerio revisar la redacción gramatical
En lo que respecta a la FP Básica, el Consejo de Estado califica su desarrollo de "parcial y precipitado", al no vincularse de forma conjunta al resto de aspectos de la Formación Profesional y cuestiona igualmente la falta de un "estudio económico suficiente del impacto en nuestra economía del nuevo modelo". Una exigencia que considera de especial importancia ya que se innova el modelo de formación profesional en el sistema educativo con implicaciones además en el sistema de FP dual y, en suma, en la estructura económica y empesarial.
En lo que el Consejo de Estado no ve objeciones es a nivel competencial, al considerar ajustado a derecho la capacidad del ministerio de Educación para dictar la norma correspondiente.
Por último, el dictamen recomienda una sosegada revisión del proyecto, incluidos aspectos gramaticales y advierte al ministerio sobre el "carácter coloquial" de algunas expresiones incluidas en el texto, así como sobre el uso de los signos de puntuación.
El informe del Consejo de Estado no es vinculante aunque sí preceptivo. El pasado viernes, coincidiendo con la aprobación de los Reales Decretos en Consejo de Ministros, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, destacó que el informe no incluía objeciones de relevancia significativa ni tampoco alertaba sobre invasiones a nivel competencial en la norma.
