Los tribunales superiores resolverán cada petición de traslado de presos

Ni los directores de las cárceles ni las juntas de tratamiento van a tener un carácter decisivo en la resolución de las peticiones aunque su intervención en el proceso administrativo es obligada. Los posibles recursos se tramitarán ante el tribunal superior de Justicia de la comunidad autónoma donde se encuentre el preso.

Según fuentes judiciales, el camino que seguirán todos los expedientes es el mismo, aunque las resoluciones tengan una respuesta individualizada. En este proceso, la petición de traslado se presenta ante la dirección de la prisión en la que este el interno. El director solicitará un informe sobre el recluso a la junta de tratamiento penitenciario del propio centro y remitirá el expediente y una valoración a Madrid, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Yuste, donde se tomara la última decisión.

Recursos ante el Tribunal Superior

Cada caso tendrá su respuesta individualizada y en el supuesto de ser negativa al traslado, los internos tienen la posibilidad de presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del lugar donde esté recluido, en el momento de la petición.

Por ejemplo, si un preso está cumpliendo condena en Cádiz, el recurso final se presentara ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Traslado o excarcelación

Según estas fuentes, el juez de vigilancia penitenciaria no tiene porqué intervenir en este proceso ya que se trata de un traslado de prisión a prisión y es competencia exclusiva de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. Otra situación diferente se produce cuando se trata de una petición para la excarcelación de enfermos o de mayores de 70 años, en donde sí interviene de juez de vigilancia.

La posibilidad de recursos no acaba aquí sino que, además, pueden intervenir en el futuro la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el mismo que anuló la retroactividad de la llamada 'doctrina Parot', que ha permitido la salida de prisión a cerca de 60 presos.