El Gobierno admite que la financiación europea para la reforma educativa no llegará para el comienzo del curso
El Ministerio adelantará 50 millones de euros a la nueva FP Básica pero será un dinero solo para su implantación en el primer trimestre del curso 2014-15
La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, momentos antes de su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso(EFE/JuanJo Martín)
Esta tarde se ha reunido el ministro Wert con los consejeros autonómicos de Educación. Sobre la mesa había dos cuestiones. Por un lado el decreto que establece la escolarización privada en castellano en aquellas comunidades que tengan lenguas cooficiales, que el Ministerio ya ha dicho que se va a aplicar sí o sí pese a las reticencias de Cataluña. Por otro lado, el Gobierno ha reconocido implícitamente en esa reunión que la financiación europea que anunció el ministro para la reforma educativa no va a llegar a tiempo para el inicio del próximo curso.
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La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha reconocido que aún no tienen adjudicados los importes del Fondo Social Europeo para la Formación Profesional (FP) Básica que se implantará el próximo curso, aunque tienen de plazo hasta el 22 de abril para hacer la solicitud oficial.
El Ministerio adelantará 50 millones de euros a la nueva FP Básica, que pasa de las 14 titulaciones previstas en un primer real decreto a 21 a petición de algunas comunidades, pero será un dinero solo para su implantación en el primer trimestre del curso 2014-15. Después, confían en contar con fondos de la UE ya que, según Gomendio, Educación tiene "un acuerdo previo" con Bruselas porque se consideran "razonables" los contenidos y objetivos de esta FP Básica, que busca reducir las altas tasas de abandono escolar temprano y desempleo juvenil.
Otro motivo de discordia es el proyecto de decreto que obliga a costear con fondos públicos la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que reclamen el castellano como lengua vehicular y no tengan esa opción en colegios públicos. El texto, que desarrolla lo establecido en la ley, estipula que serán las familias las que adelanten el dinero y después el Estado detraerá el importe de la financiación autonómica a Cataluña, incluidos gastos de comedor y transporte. El ministro Wert ha evitado enjuiciar el plante de la consejera catalana.
La Generalitat, que mantiene recurrida la ley ante los Tribunales, considera que la norma relega al catalán y supone un ataque frontal al sistema de inmersión lingüística en Cataluña