Cañete elude el control parlamentario

El PSOE reclama a la Abogacía del Estado el informe en el que se escudó Cañete para no inhibirse en la aprobación del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental en el Consejo de Ministros del 30 de Agosto del 2013. Creen los socialistas que se ha podido vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos puesto que Cañete tenía participaciones en dos compañías petrolíferas que luego se vieron afectadas por la aplicación de ésta ley.

"Esta es la segunda gran espantada del ministro Miguel Arias Cañete", dicen en el PSOE, porque por segunda semana consecutiva elude el control de las Cortes. Los socialistas se han dirigido por carta al presidente del Congreso, a Jesús Posada, para que exija explicaciones al Gobierno y aclare por qué Cañete no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.

Pero además, el PSOE ha reclamado también al ejecutivo que le entregue el informe que en su día elaboró la Abogacía del Estado y donde se aseguraba que no había ningún conflicto de intereses de Arias Cañete en la aprobación el año pasado en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental. El ministro tenía participaciones en dos compañías petrolíferas que se vieron afectadas posteriormente por ésta ley, en la Compañía Mercantil Petrolífera "DUCAR S.L" y en "Petrologis Canarias S.L" . Los socialistas creen que Cañete debería haberse inhibido para no vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos donde se refleja que " quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos....y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".

En la rueda de prensa en la que se presentó el anteproyecto el ministro fue preguntado por éste asunto y explicó los motivos por los que no se había inhibido: "No estamos en un acto administrativo, en un real decreto, que tiene una dependencia directa, si no estamos en un proyecto de ley que no tiene eficacia normativa contra terceros. Son las Cortes las que son soberanas y las que elaboran la Ley. El Gobierno pone en marcha un proyecto, pero a partir de ese momento no tiene un efecto normativo respecto a terceros; por lo tanto, no hay un acto que pueda perjudicar a un tercero en el que me deba inhibir. Además de que he pedido un informe a la Abogacía del Estado, en el cual ha dicho que, no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario, no tengo por qué inhibirme en la materia. Y además, el argumento de que esto no es un acto administrativo, no es la resolución de un expediente sancionador, no es poner en marcha un real decreto, sino que es simplemente poner en marcha un proyecto de ley que tiene un recorrido, en el cual todas las fuerzas políticas pueden mejorarlo, cambiarlo o suprimirlo, y producirá efectos a terceros cuando las Cortes Generales lo aprueben en su momento", señaló Cañete.

Para el PSOE ha habido, claramente, un conflicto de intereses. Recordemos que los socialistas han pedido hace dos días al Congreso que investigue también los intereses empresariales de Cañete y sus contratos con la administración para comprobar la veracidad de las declaraciones que el ministro ha presentado en el Registro de Intereses de la Cámara.