Vía libre a la expropiación de azoteas para instalar antenas de telefonía

El pasado martes día 30 quedó aprobada en el Congreso la nueva Ley de Telecomunicaciones, una norma que refuerza las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que recoge la "expropiación forzosa" de azoteas para la instalación de antenas según denuncia el grupo parlamentario de La Izquierda Plural.

"Nos encontramos ante una ley en la que el Gobierno del PP ha optado descaradamente por desregular lo público para favorecer el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones" afirmaba el diputado de la Chunta Aragonesista Chesús Yuste durante su intervención en el Congreso.

La Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada con los votos favorables de PP, PSOE y CiU y permitirá, entre otras cosas, reforzar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia audiovisual y de nuevas tecnologías. Pero, según denuncian los diputados de la Izquierda Plural en el Congreso, el artículo 29 de dicha ley permitirá la expropiación forzosa de azoteas en las que los operadores quieran instalar antenas, algo que en palabras de Yuste "genera indefensión para el conjunto de los ciudadanos".

El diputado de la Chunta ha estado esta mañana en Hoy por hoy con Gemma Nierga para explicar el contenido del polémico artículo al tiempo que ha asegurado que desde el grupo de La izquierda plural "rechazamos esa ley".

El político aragonesista se ha referido a la actitud del Gobierno durante el desarrollo de esta ley asegurando que el Ejecutivo "dentro de los equilibrios que debe buscar entre el desarrollo de las nuevas tecnologías o el respeto a la ciudadanía ha elegido claramente a las grandes corporaciones".

Por último Yuste ha puesto el acento en las habituales quejas vecinales en distintas ciudades ante la posible relación de casos de cáncer con la colocación de este tipo de antenas. Si bien, no hay informes científicos que demuestren claramente esta relación, el diputado zaragozano ha remarcado que sí que hay estudios que piden "que las administraciones públicas tengan en cuenta el principio de precaución" al tiempo que ha verbalizado la negación del Partido Popular a incluir una mención expresa a la salud pública en esta ley "porque entendían que eso podía ser un obstáculo".

Con esta norma, el Gobierno se verá obligado a impulsar el despliegue de las redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fija como móvil, para lograr su universalización y cumplir así los objetivos de la Agenda Digital para Europa, según la cual, en 2020 todos los europeos tendrían que tener acceso a velocidades de al menos 30 Mbps.