
El Poder Judicial pide regular el aforamiento de don Juan Carlos y doña Sofía
La Cadena SER ha tenido acceso al borrador del informe del Consejo del Poder Judicial sobre la ley orgánica del Poder Judicial

Los reyes, Juan Carlos y Sofía, acompañados por los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, presiden el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, organizado por el Ministerio de Defensa en el marco del Día de las Fuerzas Armadas en la plaza de la Lealtad de Madrid / EFE/Kote Rodrigo
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ya ha concluido el informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. El borrador, al que ha tenido acceso la Cadena SER, avala la reforma de la jurisdicción universal y pide regular el estatuto jurídico de don Juan Carlos y doña Sofía atribuyéndoles la prerrogativa del aforamiento.
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El Poder Judicial ya tiene listo el borrador del informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. El documento, elaborado por los vocales de la comisión permanente, pide que se regule el nuevo estatuto jurídico de don Juan Carlos y de doña Sofía y que se les atribuya la prerrogativa del aforamiento. Además, aplaude que obtengan este privilegio la reina, el futuro heredero y su consorte. A partir de aquí todo son críticas a la figura de los aforados. El Poder Judicial pide que se reduzca el número de personas que gozan de este privilegio y que se vincule necesariamente a los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión o cargo.
La polémica reforma de la justicia universal recibe el respaldo de los vocales. En los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad, por ejemplo, el genocidio del Tibet que afectó al Gobierno chino, el borrador subraya que los tribunales se abstendrán de intervenir en casos en los que no haya implicados nacionales españoles "debiendo informar de la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional". En los casos de crímenes de guerra, por ejemplo la muerte del cámara de Telecinco José Couso, el texto apoya que los tribunales españoles conozcan del asunto siempre y cuando "la persona debidamente acusada de haber cometido el delito esté presente ante dicho órgano judicial". Sobre los narcobarcos, los vocales se centran en cuestiones semánticas reclamando cambiar el concepto espacios marinos por espacios marítimos.
El informe critica la instrucción colegiada al entender que se trata de "un sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal" y avala la organización y funcionamiento del nuevo Consejo General del Poder Judicial. La elección y la existencia de vocales con dedicación exclusiva y sin ella. También reclama más competencias para los consejos autonómicos de justicia y que se deje bien claro que la primera función del órgano de gobierno de los jueces es la de defender la independencia judicial.
Los jueces de la Audiencia Nacional ven una "interpretación torticera" de la justicia universal
Con la interpretación del consejo, mañana habría que archivar el caso Couso, porque según el documento, España solo sería competente para investigar el asunto si los autores del crimen, es decir, los militares norteamericanos, se encontrasen en nuestro país. El CGPJ explica que establecen esa premisa tanto la Convención de la Tortura como los principios de Princeton y por tanto, la reforma del PP se ajusta a lo marcado.
Pero los jueces de la Audiencia Nacional consultados por la SER sostienen que el CGPJ realiza una "interpretación torticera" de estos tratados internacionales, porque esa obligación de que el acusado se encuentre en el país que le persigue solo la reclama la justicia internacional en el caso del juicio oral. No para la fase de investigación. Para estos jueces, por tanto, sí que podría investigarse el asesinato del cámara español en la guerra de Irak.
Los magistrados consultados, por otra parte, no han mostrado "sorpresa alguna" con la posición "tan afín" del órgano de gobierno de los jueces a la reforma de la justicia universal promovida por el PP.
Lamentan que han legislado por las presiones de China, tras las presiones del gigante asiático desde que la Audiencia Nacional ordenó la búsqueda y captura de varios de sus antiguos dirigentes por el genocidio en el Tíbet. Entre ellos su expresidente, Jiang Zeming. "No me imaginaba otra cosa", destaca resignado otro juez, ante el borrador del consejo sobre la justicia universal. Recalcan que "todos los países protegen a sus víctimas y sus derechos fundamentales" menos España, que ha "abdicado", dice otro, sus responsabilidades.
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