El Supremo ordena derribar la biblioteca pública de Las Palmas
Los jueces desestiman los recursos del Ayuntamiento contra el auto que ordenó tirar el edificio, construido cuando el ministro Soria era alcalde de la localidad, por vulnerar las disposiciones urbanísticas
Fachada de la biblioteca pública de Las Palmas(BPE LAS PALMAS)
El Tribunal Supremo ha confirmado que la biblioteca pública de Las Palmas, construida cuando José Manuel Soria era alcalde de la localidad, debe ser derribada en ejecución de la sentencia que declaró irregular su construcción.
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El Tribunal Supremo ha dado luz verde a derribar la biblioteca pública de Las Palmas, un edificio construido cuando el actual ministro de industria José Manuel Soria era alcalde de la localidad, y cuya construcción fue considerada irregular por la justicia. El alto tribunal rechaza los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Las Palmas y la abogacía del Estado contra los autos que ordenaron ejecutar la sentencia, dejando la puerta abierta por tanto a que el emblemático edificio tenga que ser derribado.
La biblioteca pública de Las Palmas obtuvo la licencia para su construcción en 1997, cuando el ministro Soria era alcalde de la localidad, y la justicia declaró irregular su construcción: se vulneraron diversas disposiciones urbanísticas, entre ellas la eliminación de zonas verdes y la construcción de "una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral". Tampoco prosperaron los intentos del consistorio de aprobar nuevas ordenaciones para esta zona, la de San Telmo. Finalmente, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de febrero de 2013 rechazó que fuera imposible ejecutar esta sentencia, es decir, derribar el edificio.
Un auto que ahora confirma la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, rechazando que la biblioteca tenga el régimen jurídico de los bienes de interés cultural: para los jueces, la Ley de Patrimonio histórico protege bibliotecas cuando "se hayan construido legalmente, y no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".
Los jueces se muestran conscientes del conflicto que se produce cuando ordenan ejecutar una sentencia que apareja la demolición de un edificio ya construido, pero añaden que su cometido "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales". La sentencia contiene el voto particular de magistrados discrepantes, que entienden que tendría que haberse estimado la pretensión del Ayuntamiento de Las Palmas y declarar imposible la ejecución de la sentencia, indemnizando debidamente a los vecinos ganadores del pleito.
