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El Tribunal de Cuentas se someterá a control externo e independiente

El presidente del Tribunal de Cuentas ha comparecido en el Congreso para dar explicaciones tras las denuncias sobre posibles casos de nepotismo en la contratación de personal o irregularidades en la contratación de obras

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda (i), conversa con el presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco (d)(EFE/Espinosa)

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda (i), conversa con el presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco (d)

Ramón Álvarez de Miranda ha negado irregularidades en el Tribunal de Cuentas y ha anunciado una serie de medidas para "recuperar la confianza" de los ciudadanos en este organismo "mediante la búsqueda de la excelencia". Así, modificará los procesos de selección de personal, eliminará puestos de libre designación y estudiará someterse a la auditoría de un organismo externo.

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Álvarez de Miranda ha asegurado que todos los procesos de contratación se han adecuado "a los procedimientos establecidos por la administración" y ha negado que el Tribunal trocease contratos para evitar que se concediese mediante concurso público, ya que se trataba, ha dicho, de "actuaciones independiente" que en ningún caso superaron el límite legal de 50.000 euros.

Para mejorar la imagen del Tribunal ante unas acusaciones de ineficiencia y falta de cualificación profesional a su juicio equivocadas, ha afirmado que a partir de ahora se publicarán todos los contratos de obras -incluidos los que no llegan al límite legal-, así como la relación de puestos de trabajo y el currículum de quienes accedan a los mismos. Ha añadido que se modificarán los procesos de selección de personal -para los puestos de letrados y auditores- para asemejarlos a otras oposiciones como las de abogado o interventor del Estado, "cuerpos de reconocido prestigio".

El Tribunal también tiene previsto modificar la composición de los tribunales de oposición "con la finalidad de evitar cualquier apariencia de discrecionalidad", ha explicado, para lo que se primará que los integren funcionarios que no presten servicios en el organismo fiscalizador.

Álvarez de Miranda ha anunciado también que se va a congelar la incorporación de personal laboral y que se va a estudiar "una modificación de la relación de puestos de trabajo primando la designación por concurso frente a la libre designación".

Otra medida para aumentar la transparencia será la de someter la actividad del Tribunal a la revisión de un "tercero externo mediante el proceso de revisión entre pares", es decir, una evaluación externa por otra entidad fiscalizadora superior que puede ser, por ejemplo, un tribunal de Cuentas de un país extranjero.

El objetivo es, a través de un asesoramiento externo, "perfeccionar la calidad y la credibilidad" del trabajo del Tribunal, porque, ha señalado, este organismo debe "recuperar la confianza" de los ciudadanos "mediante la búsqueda de la excelencia".

A pesar de lo expuesto, el presidente del Tribunal de Cuentas ha negado todas las informaciones publicadas por el diario El País, al que ha acusado, en relación a las denuncias de nepotismo, de hacer "una foto fija" de procesos que se ha sucedido durante más de treinta años.

Sobre las relaciones familiares de una centena de los trabajadores del Tribunal, Álvarez de Miranda ha asegurado que se "meten todos los casos en el mismo saco" pese a que se trata de situaciones "heterogéneas".

Así, ha explicado que algunos de los trabajadores a los que se alude en la información se incorporaron a su puesto de trabajo "antes que su supuesto benefactor", otros están relacionados con políticos "que nunca tuvieron relación con el tribunal" y que algunos "han establecido sus vínculos familiares una vez incorporados al Tribunal".

Ha insistido en que todas las contrataciones "se sometieron a una convocatoria pública abierta a cualquier ciudadano" y que los tribunales de las oposiciones "se adecuaron a las normas que dicta la función pública", por lo que no cabe deducir "un comportamiento arbitrario" o irregular.

En cuanto a la falta de preparación de los informáticos del tribunal - El País publicó que solo 5 de los 60 eran especialistas-, Álvarez de Miranda ha explicado que en ese grupo se ha incluido a personas que desempeñan funciones "de grabación de datos o tratamiento de textos", a los que no se exige la misma preparación.

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Miranda: "Todos los empleados se sometieron a una convocatoria pública y abierta"

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