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Greenpeace escala el Faro de Moncloa contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Los activistas han mostrado pancartas con el lema "NO a la Ley Mordaza" para protestar por una ley que castigará "duramente" la protesta pacífica

Fotografía facilitada por Greenpeace de sus activistas que han comenzado a escalar el mirador del Faro de Moncloa en Madrid para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana(Greenpeace)

Fotografía facilitada por Greenpeace de sus activistas que han comenzado a escalar el mirador del Faro de Moncloa en Madrid para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Cuatro activistas de Greenpeace han comenzado a escalar el mirador del Faro de Moncloa en Madrid para mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que hoy aprueba el Consejo de Ministros.

Según informa la organización en un comunicado, durante el ascenso los activistas han mostrado pancartas con el lema "NO a la Ley Mordaza" para mostrar el descontento con una ley que, a su juicio, castigará "duramente" la protesta pacífica y la desobediencia civil.

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"Hemos elegido el Faro de la Moncloa por su situación frente al Palacio de la Moncloa, donde se celebra el Consejo de Ministros. Desde aquí queremos enviar al Gobierno un mensaje claro contra la Ley de Seguridad Ciudadana", ha señalado Sara del Río, portavoz de Greenpeace.

Aunque ha reconocido que no conocen los últimos detalles ni las modificaciones del nuevo texto, Del Río considera que la "esencia intencionadamente represora" del proyecto no ha desaparecido, pues sigue limitando la capacidad de respuesta ciudadana ante reformas gubernamentales a través de sanciones.

El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, también ha admitido que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha escuchado sus demandas, pero "ha hecho caso omiso de ellas", especialmente en lo referido a sanciones por escalar edificios y protestar en infraestructuras críticas, como centrales nucleares. Para la organización, la nueva ley no parte de una demanda social, sino de un "afán de control" de las protestas sociales por parte del Gobierno.

Se trata, aseguran, de "una pieza más de un entramado de reformas legislativas dirigidas a penalizar y poner trabas a la protesta pacífica y la disidencia", en el que se encuentra también la reforma del Código Penal.

 
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