Las CCAA deberán respaldar la LOMCE para recibir el dinero de la financiación

El convenio que Educación ha remitido a los gobiernos autonómicos contiene un respaldo expreso a la ley Wert que cinco comunidades han recurrido ante el Tribunal Constitucional. El documento admite también expresamente que tendrán que endeudarse para aplicar la norma. El texto se va a debatir en una reunión con las autonomías la semana que viene.

"Las comunidades no van a experimentar ningún perjuicio en sus cuentas por la LOMCE". Son palabras del ministro de Educación, José Ignacio Wert, el pasado 8 de julio en el Senado. Una vez más negaba que el dinero adelantado por el Gobierno a las autonomías para la puesta en marcha de la nueva ley de Educación fuera a computar como deuda en sus presupuestos. Sin embargo el convenio que su propio ministerio ha remitido a los distintos gobiernos autonómicos para la implantación de la norma a partir de septiembre admite expresamente que deberán contabilizarlo en el "pasivo financiero" en sus cuentas. Es decir, que tendrán que endeudarse inicialmente para aplicar la ley aunque el dinero se vaya descontando de ese pasivo conforme lo justifiquen.

No es el único punto polémico del documento. En la exposición incial se recoge un respaldo expreso a la nueva ley de Educación. En el primer parrafo se dice: "Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas relacionadas con la simplificaciónn del curriculo y el refuerzo de los conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas capacidades y aspiraciones, el desarrrollo de sistemas de evaluación externa censales y consistentes en el tiempo, el incremento de la trasparencia de los resultados, la promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la exigencia a estudiantes, profesores y centros de la rendición de cuentas, y el incentivo del esfuerzo". Firmar el documento tal y como lo ha remitido Educación supone que las comunidades avalen cuestiones que han criticado abiertamente como la FP básica o las reválidas.

Dos de las comunidades gobernadas por el PSOE ya han expresado su rechazo al texto: "Intentan hacernos cambiar ideas por dinero", ha dicho José Miguel Pérez, consejero de Educación de Canarias. "Intentan humillar a las CC AA y a quienes piensan distinto. A mi me recuerda a cuando los profesores en época de Franco, para obtener sus plazas, tenían que jurar los principios generales del Movimiento". El consejero andaluz Luciano Alonso ha calificado el convenio de "provocación" y ha añadido que "se intenta que Andalucía acepte como ideas propias las que ha venido rechazando y que llega incluso a proponer el intercambio de ideología por dinero".