España tiene tres meses para cambiar su actitud con las víctimas del franquismo

El informe final de los expertos de Naciones Unidas en desapariciones forzadas da a España un plazo de 90 días para explicar cómo va a implementar las recomendaciones que le hacen en torno a la justicia y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, entre ellas las de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

España tiene tres meses para decidir cómo va a dar un giro total a su política sobre la Memoria Histórica y la reparación de las víctimas del franquismo. El informe final de los expertos de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas da este plazo a nuestro país para presentar un plan de implementación de las recomendaciones que hacen sobre este asunto: entre otras, que el Estado se implique activamente en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, que la justicia española deje de ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar estos hechos y que nuestro país ratifique que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no prescriben.

Para estos expertos, "la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad".

Son algunas de las conclusiones definitivas del grupo de expertos de la ONU en materia de desapariciones forzadas o involuntarias, que visitaron nuestro país durante una semana en septiembre de 2013, reuniéndose con autoridades y asociaciones de víctimas, para poner a examen la actitud de nuestro país con respecto a estas desapariciones forzadas, poniendo el foco especialmente en las que se produjeron durante el franquismo y la Guerra Civil y en el robo de bebés.

Que España se implique en la búsqueda de víctimas y desaparecidos

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Las conclusiones, que ya fueron adelantadas en unas conclusiones preliminares, piden a España un giro total en su política en torno a los crímenes del franquismo, empezando por una especialmente contundente: que "asuma sus obligaciones internacionales y se comprometa de manera más activa y urgente en la determinación de la suerte o el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura".

Nuevamente, como ya hicieron hace unos meses, exigen a España que se implique directamente en la búsqueda, subrayando la idea de que todas las iniciativas para esto suelen salir de las familias: España debe "asegurar la coordinación de las actividades de exhumación e identificación" así como desarrollar el protocolo de actuación y promover que asociaciones de víctimas aporten sus datos de ADN para facilitar esta búsqueda, así como debe asegurarse la presencia de jueces en las fosas comunes.

Según los expertos, la justicia española debe "investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde las mismas". De la misma manera, pide la creación de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Ni prescripción ni Ley de Amnistía

Otra de las recomendaciones que España tendrá que estudiar cómo implementar es la ratificación de la Convención de Derechos Humanos para asumir "la imprescriptibilidad" los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Aparejado a este punto llega también la petición de neutralizar la Ley de Amnistía de 1977, "privarla de todo efecto" para que según explica a lo largo del informe no afecte a las desapariciones forzadas, entre ellas las de la guerra y la dictadura, no se beneficien de la "impunidad" que según explica impera sobre este tema.

Que la desaparición forzada sea un delito autónomo

Entre las recomendaciones del ámbito legal que hacen los expertos también está la de constituir la desaparición forzada como un delito autónomo e imprescriptible, y que estos delitos sólo puedan ser enjuiciados por la jurisdicción ordinaria, "con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar". Junto con esto, pide también que exista una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como recomienda tomar medidas para mejorar la información de las familias y víctimas, así como mayor apoyo institucional y financiero.

Convertir en museo el Valle de los Caídos

A lo largo de sus conclusiones finales, los expertos de la ONU piden a España que potencie la Ley de Memoria Histórica para cumplir con ella, destinando los fondos adecuados "para que pueda aplicarse eficazmente", y que implemente las recomendaciones que la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 2011 hizo en su momento: que se retiren los restos del dictador y que el lugar se convierta en un museo de la memoria.

El juicio contra Baltasar Garzón

Los expertos expresan su preocupación por la inactividad de la justicia española en estos casos, y se muestran "especialmente preocupados" por el efecto que tuvo el juicio contra Baltasar Garzón: "Estos hechos han significado en la práctica el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura".

Defensor del Pueblo y el régimen de incomunicación

Por último, los expertos piden a España que tome medidas en torno al Defensor del Pueblo, y a la figura del régimen de incomunicación. Con respecto a lo primero pide asegurar "la transparencia" en el procedimiento de elección de esta figura. Con respecto a lo segundo, que sean derogados los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen este régimen.