Lunes, 14 de Junio de 2021

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La OSCE critica los cambios legales a menos de un año de las elecciones

Este organismo y la Comisión de Venecia, instituciones de las que España es miembro, ven riesgos en cambiar el derecho electoral con poca antelación

Dos instituciones internacionales de las que España es miembro, la OSCE y la Comisión de Vencia, critican en sus informes los cambios de la ley electoral poco tiempo antes de que tengan lugar unos comicios. El catedrático de Derecho Constitucional y vocal de la JEC Pablo Santolaya cree que "no se debe hacer" una reforma sin consenso y sin el debido tiempo y alerta de las posibles consecuencias jurídicas. Entrevista completa con Pablo Santolaya

La Comisión de Venecia, para la democracia a través del derecho, un órgano consultivo del Consejo de Europa, habla en su código de buenas prácticas electorales de la importancia de la estabilidad legal. Dice que se debe evitar la revisión constante y con poca antelación de las normas, ya que "el votante puede sentirse desorientado y no llegar a comprenderlas [...] Y lo que es más importante: pueden llegar a pensar que el derecho electoral es un instrumento que manipulan en su favor quienes ejercen el poder y, por lo tanto, el voto del electorado no decide el resultado de las elecciones"

La OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, cita precisamente este informe de la Comisión de Venecia en su análisis de las últimas Elecciones Generales de España, las de noviembre de 2011. Critica que se realizasen cambios en la ley electoral en enero y julio de 2011 advirtiendo de que "los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían ser modificables menos de un año antes de una elección".

El código de la Comisión de Venecia también pone la línea roja de antelación en menos de un año de las elecciones, y asegura que esos cambios sin tiempo suficiente dan la impresión de estar dictados por intereses partidistas. El doctor Pablo Santolaya, catedrático de Derecho en la Universidad de Alcalá y vocal de la Junta Electoral Central, se muestra en contra de las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de sacar adelante una nueva reforma "no consensuada y elaborada con poco tiempo".

Santolaya cree que aplicar la propuesta del PP en las próximas elecciones acarrearía importantes problemas jurídicos: "Significa romper las reglas del juego. Elegir alcaldes de 8.000 municipios con un sistema puesto en entredicho, probablemente impugnado ante el Tribunal Constitucional, podría tener consecuencias incalculables desde el punto de vista institucional y político si fuera declarado inconstitucional. Simplemente no se debe de hacer en estas condiciones".

La Comisión de Venecia propone como soluciones para leyes elaboradas poco antes de un proceso electoral incluir los elementos más sensibles de la ley electoral en la Constitución o que en caso de modificación de la ley con menos de un año de distancia hasta los siguientes comicios, los cambios no se apliquen en esas elecciones sino en las siguientes. Santolaya coincide en esas propuestas y recuerda que en 2011 ya encontramos precedentes de normas puestas en práctica poco antes de unos comicios que han terminado creando "desorientación" y llevando el proceso electoral al Tribunal Constitucional.

Malos precedentes cercanos

Las elecciones locales y generales que se celebraron en mayo y noviembre de 2011 tuvieron lugar bajo un marco legal modificado a lo largo de ese mismo año, como desaconseja la OSCE y la Comisión de Venecia. Algunos puntos de esas reformas —entre ellos uno central como era la posibilidad de que las personas elegidas por un partido que fuera posteriormente declarado ilegal perdiesen su escaño— no se aplicaron durante esas elecciones. Otros terminaron llevando los procesos de votación al Tribunal Constitucional.

El dueño del Gobierno del Principado de Asturias se decidió en el órgano intérprete de la Norma Fundamental. Una de las modificaciones de enero de 2011 implantaba que el voto de los españoles residentes en el extranjero debía rogarse en los consulados. Los cambios produjeron problemas en la verificación o anulación de esos votos, que se tornaron decisivos para determinar un último escaño que bailaba, y que finalmente fue para el PSOE.

Varias formaciones, entre ellas el Partido Humanista, llevaron al Constitucional otro cambio legal, que hacía necesaria la presentación de una cantidad determinada de firmas para validar candidaturas. La Junta Electoral de Cantabria no autorizó las listas del Partido Humanistas en esa circunscripción basándose en esa norma. Finalmente el Tribunal otorgó amparo a esa candidatura y anuló la decision de la Junta.

Pablo Santolaya: "Romper el consenso sería muy grave, una reforma así es en sí misma sospechosa"

Pablo Santolaya: "Hacer la ley ahora es romper las reglas del juego"

Entrevista completa a Pablo Santolaya: "Romper el consenso sería muy grave, una reforma así es en sí misma sospechosa"

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