El exembajador del Congo niega al juez que vendiera visados
Antonio Fernández de Mazarambroz repite hasta tres veces que "jamás" se vendieron visados a ciudadanos congoleños "al menos" con su "conocimiento"
El exembajador del Congo, Antonio Fernández de Mazarambroz, en una imagen de archivo
El exembajador del Congo queda en libertad sin medidas cautelares después de declarar unos 20 minutos y sigue imputado por supuestos delitos de cohecho y prevaricación.
El exembajador del Congo, Antonio Fernández de Mazarambroz, ha declarado este viernes pro la mañana como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acusado de dirigir una red de venta de visados a ciudadanos congoleños para viajar a España, a quienes cobraba cerca de 3.000 euros por documento.
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A la salida de su declaración, que ha durado unos veinte minutos, ha negado hasta en tres ocasiones los hechos: "¡jamás, jamás, jamás!", ha manifestado rotundo, al tiempo que añadía que en cualquier caso, de haber acontecido el supuesto delictivo, se habría producido sin su "conocimiento". El diplomático se ha mostrado satisfecho de su "oportunidad" para comparecer ante el juez y ha declarado que ahora "la Justicia dirá lo que tenga que decir".
Mazarambroz ha quedado en libertad sin que pese medida cautelar alguna sobre él, pero continúa imputado por cohecho y prevaricación.
El diplomático, nombrado en mayo de 2012 para dirigir la embajada del país centroafricano, fue destituido el pasado 31 de enero por el Ministerio de Asuntos Exteriores porque supuestamente dirigía una trama de venta de visados a ciudadanos congoleños por 4.000 dólares (unos 2.900 euros) cada uno.
El fraude podría ser millonario porque según una respuesta parlamentaria remitida por el Gobierno a Amaiur, el número de visados tramitados anualmente por la embajada de España en Kinshasa pasó de los 981 registrados en 2011 (con anterioridad a la llegada de Mazarambroz) a los 2317 que se alcanzaron en 2013.
El departamento que dirige José Manuel García-Margallo denunció el caso a la Fiscalía y ésta presentó el pasado mes de mayo la correspondiente querella en la Audiencia Nacional -que es el órgano jurisdiccional competente al tratarse de un delito cometido por un ciudadano español en el extranjero- por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. El caso recayó por reparto en el juzgado de instrucción número 2, que decidió admitirlo a trámite en junio pasado.
