La fiscalía ve base suficiente para ir al juez en el caso del posible amaño del Levante-Zaragoza de 2011

Los jugadores del Zaragoza así como el expresidente del conjunto aragonés, Agapito Iglesias, han negado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada el supuesto amaño del partido con el Levante.

Según fuentes de la investigación, la negativa ha sido la esencia de las declaraciones pero cada uno de los jugadores ha ido contestando al fiscal Alejandro Luzón, las peculiaridades de su caso, cómo recibieron el dinero, qué hicieron con él, si fue en metálico o que propósito tenía la prima recibida.

Fuera de toda duda

Según estas fuentes, los testimonios desvelan una base de indicios "fuera de toda duda", que pueden servir para llevar el caso ante el juez y comenzar la investigación por un delito de corrupción entre particulares, que el código penal castiga con penas entre seis meses y cuatro años de cárcel.

La "existencia de indicios de delito" está avalada por algunas de las declaraciones y otros documentos en poder de la fiscalía. Aun así, las diligencias siguen practicándose y entre ellas la fiscalía ha solicitado una serie de informes bancarios para contrastar con lo declarado por los futbolistas encausados. La Fiscalía tendría en estos momentos datos suficientes que respaldan las acusaciones de amaño y que habrían provocado la postura de colaboración con la justicia de algunos de ellos.

El club involucrado

Respecto a la supuesta responsabilidad del Zaragoza, no hay nada por descartar, según las fuentes consultadas porque , los datos incriminan presuntamente a sus gestores y en consecuencia al propio club. La última modificación de la ley permite al fiscal acusar a la entidad como "persona jurídica" por tomar la decisión, supuestamente a través de sus ex directivos, para el amaño del partido.

Los investigadores creen que la directiva del club maño, que evitó el descenso al ganar 1-2 en Valencia, orquestó una operación consistente en ingresar 120.000 euros en las cuentas de una decena de sus jugadores, para que luego estos los retiraran y se los entregaran a futbolistas del Levante, que habrían cobrado 1,2 millones en total por dejarse ganar.

Cuatro años de cárcel

La entrada en vigor en diciembre de 2010 de la reforma del Código Penal abrió las puertas por primera vez a la persecución de los sobornos y fraudes en el ámbito deportivo, como la compra o amaño de partidos de futbol.

El artículo 286, bis del Código fija las sanciones, multas o penas de cárcel para aquellas conductas que tengan por finalidad "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales" y se castiga con penas de prisión entre seis meses y cuatro años de cárcel, inhabilitación de uno a seis años y multas.

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